Así lo aseguró el diputado provincial por la UCR, Roberto Risso, quien dijo que “quedó demostrado que el proyecto del FPV lo hicieron las empresas mineras”.
El presidente del bloque de diputados del radicalismo planteó que la modificación realizada por el bloque del FPV al proyecto de Iniciativa Popular, que habilita la minería a través de la consulta a los pueblos de la meseta, debe ser anulada, porque quedó demostrado que el proyecto fue elaborado por las mineras, tal como se vio en la fotografía que muestra los mensajes de texto entre un diputado justicialista y el gerente de una empresa.
“Durante el período en que tratan de insertarse, las empresas pagan lobbistas, acá tenemos el ejemplo de los dos lobbistas de San Juan que han estado transitando la provincia y el martes estuvieron en la sesión, y van a pueblos como Gan Gan y hacen donaciones, prometen trabajo, arreglan las plazas, y cubren algunas necesidades. Pero cuando tienen el proyecto aprobado le hacen un corte de manga, ponen la barrera y nadie más entra en las minas”, explicó el titular de la bancada radical.
Señaló que la foto que se sacó a los mensajes de texto del diputado Gustavo Muñiz, “lamentablemente está vinculada con esto, la presencia de lobbistas como este Capello, que además ofendió a todos los que pensamos distinto, porque dijo que los del No a la Mina son todos imbéciles e ignorantes. Esto demuestra la fuerte presencia de las empresas”.
Siguiendo con el mensaje de texto publicado por los diarios y las redes sociales, dijo Risso “lean el proyecto cómo quedó redactado y que aprobó el FPV, y van a ver que lo hicieron las mineras, y eso lo inhabilita obviamente, además de ser ridículo que estén pensando hacer consultas en Gan Gan. ¿Qué se creen que con eso van a modificar la Ley 5001, van a modificar el criterio de la Corte?”, preguntó.
Para el diputado, “realmente ha quedado demostrado que este Estado está al servicio de las empresas mineras, y esto inhabilita todo, queda nulo porque si no nos protege el Estado, ¿quién lo hace? Si no protegen el medio ambiente, me están exponiendo a mí, a mis hijos, a mis nietos, queda todo nulificado. Lo primero que tiene que garantizar el Estado es que es independiente, y que controla y pone en marcha el cumplimiento de la ley”.
Por eso sostuvo que “acá hay incumplimiento de los deberes, hay cohecho, hay negociaciones incompatibles con la función pública, porque si un funcionario está negociando con el gerente de una empresa, eso es un delito, no hace falta que lo explique”.
Y agregó que “hay que sumar que tenemos un ministro de Ambiente que ha dicho que no puede controlar la minería, es decir que un gobierno que ya entra en la finalización de su mandato, que presentó un proyecto minero y en 8 años no fortaleció el ministerio ambientalistas, obviamente de manera dolosa, está aliado con estos lobbistas”.
En ese sentido, adelantó “voy a plantear que se vuelva a interpelar a Musmeci, porque no se puede interpelar a otro, ya tendría que haber renunciado pero sigue siendo ministro, y quiero seguir el debate que quedó trunco el martes, sobre si es posible o no una minería sustentable en Chubut. Esto es lo que tiene que saber la sociedad, no si uno está embanderado en un Boca-River”.
Por otra parte, indicó que “la Unión de Asambleas Ciudadanas tiene razón, un abogado dijo que la Legislatura es como si hubiese sido convocada para combatir la prostitución y terminaron habilitando los prostíbulos. Y tiene razón, teníamos que debatir el proyecto de Iniciativa popular que plantea la prohibición de la minería pero no en forma irracional, sino detallando los elementos contaminantes, y terminaron habilitándola, con un plebiscito es Gan Gan”.
Aseguró que “es totalmente lógico que se plantee que la obligación constitucional de debatir el proyecto no se cumplió. Los autores pueden hacer un amparo para obligar a la Legislatura a que lo trate, es un mandamiento de ejecución, cuando un funcionario está obligado a hacer algo y no lo hace, la persona ofendida puede hacer un mandamiento para obligarlo. También puede plantear la nulidad, puede denunciarnos por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, concluyó.
