La localidad de Tecka, en Chubut, quedó conmocionada tras el brutal crimen de Lázaro Calfumán. Su esposa, Mónica Morales, enfermera del hospital rural, está acusada de matarlo de un disparo en la cabeza y de enviarle una foto del cuerpo sin vida a su propio hijo.
El fiscal de Esquel, Fidel González, reveló el dato que estremeció a la comunidad: Morales, tras cometer el homicidio, le mandó la imagen del cadáver a su hijo. La mujer seguirá detenida con prisión preventiva, al menos hasta el 28 de mayo, cuando la Justicia decidirá si mantiene la medida o la reemplaza por una menos severa.
El pedido de la defensa y la respuesta de la Justicia
Durante una audiencia reciente, la defensa de Morales solicitó su libertad o prisión domiciliaria. Presentó un informe socioambiental que destacó su arraigo en Tecka, sus 21 años de trabajo ejemplar en el hospital y la falta de riesgos procesales, ya que ya se realizó la Cámara Gesell al menor involucrado.
Además, argumentó que la detención le hizo perder todos sus ingresos y que la situación constituye una “revictimización institucional”, señalando un supuesto contexto de violencia de género crónica.
Sin embargo, la Fiscalía se opuso. Sostuvo que, en una comunidad tan chica, la presencia de Morales podría condicionar a los testigos, muchos de los cuales tienen lazos familiares o dependen económicamente de ella. “Hay entrevistas pendientes y es necesario hacer foco en los vínculos familiares que la unen a algunos testigos”, remarcó González.
El fiscal también subrayó la gravedad del hecho: se trata de un homicidio agravado por el vínculo, que prevé prisión perpetua.
Un historial de violencia y amenazas
Según la acusación, días antes del crimen, Morales fue vista poniendo un cuchillo en el cuello de su pareja mientras le reprochaba una supuesta infidelidad. También habría intentado romper una ventana o puerta de su casa con un hacha en un ataque de furia.
Una testigo declaró que Morales la amenazó de muerte: “Le dijo que la mataría a ella o a su propia pareja si la dejaba”.
La Fiscalía remarcó la frialdad de la acusada tras el crimen: “Envió una fotografía del cuerpo sin vida de la víctima a su hijo el día del hecho, un acto que consideramos impactante y revelador de su comportamiento”.
Según el parte de prensa, no hay pruebas de que Morales actuara en legítima defensa: no presentaba lesiones, no hubo pelea previa al disparo y tampoco existen denuncias previas.
El contexto de violencia de género y la decisión de la jueza
La defensa insiste en que Morales vivía bajo un contexto de violencia de género crónica. Sin embargo, tras entrevistar a personal del hospital, la Comisaría de la Mujer y pastores de la iglesia a la que asistía la imputada, no se hallaron registros ni testimonios sobre episodios de violencia sufridos por ella en 26 años de relación.
La jueza confirmó la prisión preventiva, considerando que persiste el peligro de entorpecimiento de la investigación y que hay elementos claros para considerar a Morales como autora del crimen. No obstante, aclaró que analiza el caso con perspectiva de género y reconoció como “hipótesis seria” la posibilidad de una legítima defensa, aunque advirtió que ese contexto debe ser probado durante el proceso.
“Salvo que se demuestre legítima defensa, cualquiera de las otras hipótesis atenuantes planteadas por la defensa prevén penas de prisión efectiva”, sostuvo la magistrada.
Sobre el reclamo por la pérdida de ingresos, la jueza indicó que es un tema administrativo y no modifica los riesgos procesales.
El próximo 28 de mayo será clave para el futuro de Morales, mientras la investigación sigue sumando testimonios y pruebas en un caso que sacudió a toda la región.
