El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, aseguró que el proyecto para transferir al Estado los bienes que YPF posee en Comodoro Rivadavia es el resultado de un trabajo que comenzó hace dos años, cuando la petrolera anunció su retiro de la cuenca.
Según explicó, la iniciativa busca evitar que propiedades de alto valor continúen bajo la titularidad de una empresa privada que ya no desarrolla actividad en la región y poner esos activos al servicio de la comunidad.
«La discusión lleva más de 20 años. Lo que queremos es que todos esos bienes queden a disposición de los comodorenses», afirmó.
Ponce recordó que el Gobierno Provincial realizó un relevamiento de vehículos, inmuebles y terrenos, además de avanzar en un proceso destinado a atender el pasivo social que dejó la salida de la empresa. En ese marco, indicó que el proyecto ingresará la próxima semana a la Legislatura para iniciar su tratamiento.
El funcionario señaló que parte de los bienes ya fueron transferidos al Municipio mediante acuerdos previos, entre ellos un chalet y otras propiedades. También mencionó que durante la gestión del exintendente Juan Pablo Luque se firmó un convenio para avanzar con la cesión de activos, aunque sostuvo que ese proceso quedó inconcluso.
«Estamos todos pidiendo la transferencia, pero ahora algunos intentan frenar todo por una cuestión política. Yo hubiera esperado que la conferencia fuera para apoyar la iniciativa, pero terminan defendiendo al privado», cuestionó.
En ese sentido, remarcó que el Municipio fue convocado desde el inicio del proceso, luego de que el presidente de YPF anunciara el retiro de la compañía de Chubut, y participó de las mesas de trabajo realizadas junto al Gobierno Provincial.
El ministro insistió en que los bienes no están destinados a beneficiar a una gestión en particular, sino a toda la comunidad.
«No es para Othar ni para Luque, es para los comodorenses», afirmó.
Prioridad para seguridad, salud y educación
Entre los activos que podrían ser transferidos se encuentran 102 vehículos que, según adelantó Ponce, podrían destinarse principalmente a reforzar el trabajo de la Policía.
Asimismo, indicó que las propiedades podrían utilizarse para fortalecer los sistemas de salud y educación, siempre que las características edilicias lo permitan.
«No cualquier edificio sirve para un hospital o consultorios, pero la prioridad será seguridad, salud y, si corresponde, educación», explicó.
Respecto de los terrenos, señaló que muchos actualmente están ocupados por clubes e instituciones, por lo que la transferencia permitirá regularizar la situación dominial. También sostuvo que algunos lotes podrán destinarse a desarrollos residenciales una vez que se verifique la inexistencia de pozos petroleros.
Además, advirtió sobre la necesidad de evitar el abandono de esos espacios.
«No puede pasar que haya tierras con potencial y terminen siendo depósitos de fierros oxidados. Hay que hacer un uso eficiente de esos activos», sostuvo.
En cuanto al pasivo ambiental, indicó que forma parte del proceso de transferencia de áreas a PECOM y que actualmente los expedientes se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente. Agregó que el principal problema se concentra en sectores históricos como Kilómetro 8, donde existen numerosos pozos abandonados desde antes de la actual Ley de Hidrocarburos.
Finalmente, estimó que el pasivo económico ronda los 25 millones de dólares, mientras que el valor conjunto de inmuebles, terrenos y vehículos alcanzaría aproximadamente los 85 millones de dólares.
