La secretaria general de SADOP, Mónica Balmaceda, cuestionó la decisión unilateral del Gobierno Provincial de suspender la reunión paritaria prevista para este lunes y expuso el complejo panorama que atraviesan los docentes del sector privado en Chubut.
“Nuestra situación es particular, el contrato es privado, se celebra entre la patronal y la persona, y nosotros como docentes tenemos ciertas particularidades”, explicó. En ese sentido, detalló que el vínculo laboral se rige por la Ley de Contrato de Trabajo y la nueva ley de modernización laboral, aunque también se toman como referencia las definiciones del ámbito estatal a través de la mesa paritaria.
“Lo que se define es la base de lo que deberíamos percibir y de ahí las mejoras posibles”, sostuvo Balmaceda, remarcando la importancia de estas instancias de negociación.
La dirigente señaló que, si bien existen instituciones que abonan entre un 20% y un 30% por encima del salario básico como reconocimiento al trabajo docente, se trata de una minoría. “Hablo de cinco en un total de 166 instituciones privadas que hay en Chubut”, precisó en diálogo con El Comodorense Stream.
Además, advirtió sobre la sobrecarga laboral que enfrentan los docentes: “Nuestro sector sufre la recarga laboral constante porque se nos suman todas las particularidades de la oferta de cada institución”.
Balmaceda también puso el foco en la difícil realidad económica del sector. “Con un solo cargo no podemos subsistir. Tenemos que trabajar en dos cargos, en el ámbito público o privado, y realizar otras actividades porque el salario no alcanza”, afirmó. En esa línea, mencionó que muchos trabajadores están endeudados, recurren a préstamos o tarjetas de crédito, y enfrentan altos niveles de estrés.
La titular de SADOP denunció además situaciones de violencia y precarización laboral: “Hay maltrato, amenazas para que no reclamen salarios como se deben”. También alertó sobre el funcionamiento de jardines maternales clandestinos donde se pagan sueldos de “indigencia”, cercanos a los 300 mil pesos y sin aportes a la obra social ni jubilación.
Finalmente, indicó que incluso en instituciones habilitadas comenzaron a registrarse despidos tras la implementación de la nueva ley de modernización laboral, lo que agrava aún más la incertidumbre en el sector.
