La fiscal Graciela Suárez García confirmó durante el fin de semana que solicitará que se abran 23 urnas de los comicios del 20 de marzo. Se trata de una medida probatoria de la denuncia por irregularidades que presentó el Frente para la Victoria. La medida comprende entre 8.000 y 10.000 electores.
“Hemos pedido que se abran 23 urnas, aunque hay denuncias por otros casos, y además se procurará tener el testimonio de la gente responsable de las mesas electorales para que cuenten cómo se confeccionó el acta, si hay falsificación parcial o total de los datos” confirmó Graciela Antonia Suárez García, funcionaria del Ministerio Público Fiscal de Rawson que investiga una denuncia radicada por el Frente Para la Victoria (FPV).
La presentación se había formulado el 7 de abril pidiendo se investigue la “eventual comisión de los delitos de defraudación genérica y defraudación, debido a la mutilación, ocultación, sustitución de expedientes o documentos o papeles” y el importante cúmulo de irregularidades producidas en el proceso electoral del 20 de marzo.
Además, los abogados de la fuerza solicitaron en el mismo escrito que se abran las correspondientes causas y se proceda a investigar los hechos y las conductas para su debido encuadre legal; que se adopten las medidas para resguardar las urnas, y, como medida probatoria, que se proceda a incautar todos los padrones que se encuentren dentro de las mismas, para el cotejo con lo que se acompañó como pruebas.
Es en tal contexto que la fiscal mendocina, radicada en Chubut desde 2004, confirmó que la apertura de las 23 urnas mencionadas se dará como “medidas probatorias” de la denuncia por irregularidades, y que de tal modo “se hará por la vía judicial lo que no se pudo obtener por la vía electoral, es decir la apertura de las urnas”.
Precisó además que las urnas en cuestión sumarían entre 8 mil y 10 mil votos “que habrá que revisar para comprobar que coinciden o no con lo que dicen las planillas, en el marco de una elección que se está cerrando con una diferencia de menos de 400 votos”, y subrayó que “voy a investigarlas. Para hacerlo no tengo otra opción que abrirlas porque las planillas con los resultados están dentro de las urnas”.
En una entrevista concedida a un periódico de su provincia de origen, Suárez García explicó que la competencia en la materia ha pasado a los fiscales generales por carecer Chubut de juzgados electorales, y agregó que su intervención se dará en el “cortísimo plazo”.
“La semana que viene probablemente el Tribunal Electoral haga la proclamación de los ganadores. Luego yo investigaré el presunto fraude y el contenido de las urnas cuestionadas. Si allí encuentro diferencias que modifiquen la elección, después será tarea del Tribunal Electoral corregir las proclamaciones”, aclaró la funcionaria judicial.
Delitos electorales
Respecto de los delitos a investigar, la magistrado aclaró que “será difícil probar la existencia de un fraude como una maniobra sistematizada, pero lo que probablemente sí encontremos son delitos electorales que recaerán sobre quienes confeccionaron esas planillas”, y citó como ejemplos de ellos el computar 888 votos al Peronismo Federal en una mesa de 330 electores, o contabilizar 11 para el FPV en lugar de los 111 que obtuvo, entre otros casos que incluyen la emisión de votos sin derecho en algunas mesas de la provincia, agregados luego a los padrones.
Para instrumentar la investigación, la fiscal dio cuenta al Tribunal Electoral para que no se destruyan ni la documentación ni las urnas, tal como suele ocurrir cuando se da por cerrado el proceso electoral, sino que se mantengan en custodia y se pueda acceder a la revisión.
“Tengo denunciada la falsedad documental, y con los datos aportados por los denunciantes, más otras acciones que realizamos en el marco de la investigación, debo requerir la apertura de las urnas para saber lo que hay adentro” expresó la funcionaria, que reconoció el caso como “inédito”.
