El ministro de Trabajo explicó que esa cartera decidió nombrar un delegado hasta que se solucione el conflicto gremial interno. La producción se mantiene paralizada desde principios de abril en los yacimientos del norte santacruceño, a raíz de que el grupo disidente encabezado por Rubén Retamozo exige la renuncia del titular del sindicato, Héctor Segovia. “No es una intervención”, aclaró Carlos Tomada.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció ayer en Buenos Aires el envío de un representante de la cartera laboral nacional a Santa Cruz, con el objetivo de “garantizar el normal funcionamiento” del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la provincia.
Según explicó Tomada, la decisión se tomó como respuesta a la resolución del juez de instrucción de Caleta Olivia, Mario Albarrán, que dispuso la suspensión de Héctor Segovia y del disidente Rubén Retamozo, en la dirección del sindicato, y que facultó a la Federación Argentina Sindical del Petróleo a que “los ratifique en el cargo o adopte otra medida normalizadora”.
“Atento a que la Federación no ha tomado ninguna medida con respecto a esta manda judicial y teniendo en cuenta el receso administrativo particular de estos días, el Ministerio de Trabajo ha dispuesto designar a un funcionario para garantizar el normal funcionamiento del sindicato de petróleo de Santa Cruz”, explicó Tomada.
En una conferencia de prensa, el funcionario reiteró que la medida no es una intervención y remarcó que lo que se busca es adoptar “todas las medidas necesarias con miras a regularizar la situación institucional hasta el momento que la Federación intervenga y tome las medidas que la propia sentencia judicial ha dispuesto”.
Al respecto Tomada explicó que la Federación, en su carácter de entidad sindical de segundo grado, tiene la potestad de designar un delegado normalizador, convocar a elecciones o reponer en su cargo a los sindicalistas desplazados.
Por otro lado, Tomada afirmó también que la medida de fuerza que afecta la producción petrolera desde hace 23 días en Santa Cruz no está relacionada con discusiones de carácter paritario y atribuyó la situación a un conflicto de carácter “intersindical”.
“Suponemos que (la medida adoptada por el Ministerio) garantiza la recuperación del funcionamiento de la actividad petrolera de la provincia. Queremos que esto sea un aporte a la solución del problema”, concluyó.
UN DIPUTADO MENDOCINO
El diputado nacional justicialista por Mendoza, Juan Dante González, es el representante que el Ministerio del Trabajo enviará para observar la situación del Sindicato Petrolero Santa Cruz.
A esta instancia se llegó luego de que la Fiscalía de Estado del gobierno santacruceño solicitara el miércoles ante al Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia, a cargo de Mario Albarrán, una medida cautelar para salvaguardar los intereses económicos de la provincia que se ven seriamente perjudicados por la paralización de los yacimientos, estimándose que ya se han perdido cerca de 70 millones de pesos entre regalías petroleras y la aplicación del denominado “convenio multilateral”.
Además, en esta misma presentación el gobierno también pidió que se actúe con celeridad para preservar la paz social, debido a la gravedad del conflicto interno en el sindicato de base. Paralelamente, cabe recordar, en la misma jornada el gobernador Daniel Peralta solicitó públicamente al secretario general Héctor “Chaco” Segovia que diera un paso al costado y renunciara para evitar males mayores, aunque el dirigente sindical continuaba ayer mostrándose reticente a ello e incluso, a través del abogado Cristian Caranicolas, dijo que presentaría un recurso de amparo (ver página 6).
En tanto, a media tarde de la víspera, cuando aún no se conocía oficialmente la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, en distintos ámbitos de la zona norte santacruceña se daba como un hecho que el lunes llegaría a Caleta Olivia el veedor para dejar sentado que la totalidad de la comisión directiva del gremio (incluyendo a los llamados disidentes que encabeza Rubén Retamozo), quedan desafectados de sus funciones, medida que no alcanzará al cuerpo de delegados.
De Juan Dante González se sabe que es diputado nacional por Mendoza, que proviene de la actividad gremial e incluso ya tuvo la responsabilidad de asumir una etapa de intervención en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo.
NOTIFICADO
Tras ser citado por la policía provincial, Segovia concurrió a mediodía de ayer hasta la Seccional Primera de Pico Truncado para notificarse de la resolución del juez Albarrán, la cual también fue remitida a la Federación Sindicato de Petróleo y Gas Privado y al Ministerio de Trabajo de la Nación.
Al retirarse de la dependencia policial, en declaraciones formuladas al diario digital “Imagen y Noticias” de esta localidad, Segovia anticipó que apelaría la medida cautelar dictada por el magistrado caletense.
Para fundamentar sus dichos, sostuvo: “nosotros no estamos de medida de fuerza porque junto con Federación la hemos levantado el 4 de abril; por lo tanto vamos a seguir manteniendo los cargos y no nos vamos del sindicato”.
Admitió también: “hoy ya no me atiende el teléfono ni el gobernador Peralta ni el ministro Pablo González” y al mismo tiempo le pidió el mandatario provincial “que reflexione de la medida que ha tomado porque pienso que está equivocado”.
Finalmente dijo que por suerte en este conflicto no ha ocurrido ningún hecho dramático y rememoró que hace pocos años, en otro paro petrolero, se produjo la muerte del policía Jorge Sayago durante violentos incidentes ocurridos en Las Heras, circunstancia en la cual “nos enfrentamos con un gobernador”, en clara alusión a Sergio Acevedo.
(El Patagónico)
