El diputado nacional pretende protección ambiental más eficiente y participación ciudadana en la minería. El legislador del FPV/Chubut presentó un proyecto de ley tendiente a modificar el capítulo ambiental del Código minero.
Lo hizo a fin de mejorar la protección del medio ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural, promoviendo mayores obligaciones de los titulares de derechos a la hora de presentar los informes de impacto ambiental, una mayor participación ciudadana en la tramitación de la declaración del mencionado impacto, garantizar el libre acceso a la información ambiental y una mayor rigurosidad en el control de la ejecución de los proyectos mineros en lo que hace al cumplimiento de sus obligaciones con el hábitat, como también incorporar el daño punitivo ambiental minero y el explícito reconocimiento de la aplicación de la legislación ambiental de presupuestos mínimos y la legislación ambiental provincial.
La iniciativa de Juan Mario Pais introduce importantes modificaciones en el marco legal que regula el cuidado del ecosistema en relación a la actividad minera, estableciendo mayores obligaciones de los titulares de derecho que tengan por especial finalidad la protección del ambiente y la ejecución permanente de trabajos de recomposición ambiental.
En este sentido, Pais sostuvo que es necesario cambiar el paradigma de la actividad en cuestión, pues “la explotación minera no sólo alude al plano económico sino, y sobre todo, al plano socio-ambiental, lo cual implica respetar el desarrollo sustentable; por lo que la legislación siempre debe evolucionar ampliando los estándares mínimos de preservación y protección ambiental y de utilización racional de los recursos naturales”.
A su vez, un aspecto central del proyecto presentado es el referido a la participación directa de la ciudadanía en los temas vinculados a la minería. Es por eso que Pais declaró que “Es importante y necesaria una mayor participación directa del pueblo, facilitar el libre acceso a la información ambiental y fundamentalmente hacer hincapié en el control coadyuvante de los grupos interesados en la materia, para así mejorar los necesarios y permanentes controles estatales y ciudadanos en una actividad que tiene la potencialidad de degradar el ambiente”.
Control social y participación ciudadana
Por otra parte, la iniciativa legislativa impone nuevos requisitos al Informe de Impacto Ambiental que los titulares de derechos mineros deben presentar en cualquier etapa, aún en la exploración y prospección, entre los que se destacan un inventario ambiental en el que figuren un detalle del hábitat, suelos, flora, fauna, geoquímica de la zona, aguas de superficie y subterráneas, extensión y morfología de la cuenca de drenaje.
Al mismo tiempo, el informe deberá contener el tipo de acciones a desarrollar y el eventual riesgo de impacto ambiental que las mismas pudieran acarrear, especificando un detalle acabado de las medidas protectoras y de remediación ambiental previstas, y para la etapa de explotación específicamente se requiere el detalle del impacto social y un plan de manejo ambiental y de uso final del terreno, que incluya los planes de monitoreo, cierre y abandono de la explotación y de monitoreo post-cierre, si correspondiere.
Al respecto, el diputado comodorense explicó que “A los fines de la evaluación del Informe, la autoridad de aplicación garantizará como mínimo la participación de la población afectada e interesada por el desarrollo del proyecto minero, mediante el procedimiento obligatorio de audiencias públicas en cada jurisdicción bajo pena de nulidad. A su vez, el proyecto impulsado impone a quien causare un daño al patrimonio ambiental una multa civil, si la justicia ordinaria lo considera pertinente”.
En consonancia con el papel activo de la sociedad civil, el proyecto de ley prevé la participación de la ciudadanía a través de observaciones y ponencias a realizarse en internet y en todos los casos la autoridad de aplicación, antes de aprobar el informe de impacto ambiental y emitir la declaración, deberá dar cuenta de las presentaciones y observaciones efectuadas por los particulares y las ONGs.
Los pueblos originarios y las ONGs en el centro del control
Al mismo tiempo, la iniciativa de Pais garantiza la participación de las Organizaciones no Gubernamentales ambientalistas y representantes de los pueblos originarios en los proyectos mineros, por lo que no sólo se prevé el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación con los pueblos originarios, sino que en la etapa de auditorías ambientales y control e inspección de los proyectos mineros, el proyecto prevé que las ONGs y sus representantes podrán actuar como auxiliares de inspección, es decir los equipara a funcionarios públicos para que puedan participar en las inspecciones y de ese modo garantizar el más estricto y profundo control.
En referencia a esto, el legislador nacional destacó que “Estos actores, debidamente registrados ante la autoridad de aplicación, podrán peticionar ante ella las inspecciones que estimaren pertinentes; y también podrán expresar observaciones, opiniones y sugerencias antes que se adopten decisiones sobre planes mineros, garantizando con ello una mayor transparencia y eficiencia en el control de la actividad”.
