La Corte Suprema dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso del Ejecutivo, el tribunal sostuvo la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal emitió dos resoluciones en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, donde el Poder Ejecutivo había intentado suspender la aplicación de los artículos sobre actualización salarial y fondos para becas y programas académicos.
El argumento de la Corte para rechazar la apelación del Gobierno fue de orden procesal: los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio de Capital Humano no se dirigían contra una sentencia definitiva, requisito indispensable para habilitar la intervención del máximo tribunal.
Sin embargo, el fallo no resuelve el fondo de la controversia, que era si el decreto del Poder Ejecutivo puede suspender artículos de una ley sancionada por el Congreso o no. Así, la Corte dejó firme la cautelar mientras el proceso judicial continúa su curso.
El reciente acuerdo de las universidades con el Gobierno y los antecedentes del fallo
La decisión de la Corte Suprema llegó semanas después de que el Gobierno acordara transferir fondos a las universidades nacionales para incrementar un 24,33% los salarios, un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.
Según habían explicado entonces a TN desde la comunidad universitaria, la oferta representaba llevar el presupuesto universitario del 0,5% del PBI al 0,6%. En cambio, la Ley de Financiamiento vigente establecía un 0,75%.
En ese contexto, la decisión de la Corte Suprema mantiene la cautelar sobre salarios y becas vigente mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal avanza hacia una sentencia de fondo.
A la hora de dictar la cautelar, el tribunal había argumentado que el Congreso había insistido en la sanción de la ley de Financiamiento -pese al veto presidencial de Javier Milei- y que el Ejecutivo buscaba evitar su aplicación sobre la base de una norma anterior de jerarquía inferior al texto constitucional.
La postura de la Casa Rosada es que la Ley solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.
Sin embargo, además de desestimar esa postura, el tribunal consideró que el incumplimiento de la norma podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarialque afectara el derecho de enseñar y aprender. A su vez, evaluó que el ahorro derivado de no aplicar la ley no era significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.
El fallo, si bien no cierra la discusión sobre la Ley de Financiamiento, le otorgó a las universidades una herramienta jurídica para sostener su reclamo presupuestario.
