Finalmente, humo blanco: cómo se sigue a partir de ahora

Al momento de escribirse esta nota había fuertes rumores acerca de que finalmente el Gobierno habría alcanzado un acuerdo con los grupos de acreedores grandes respecto de la negociación de la deuda bajo legislación extranjera….

martes 04/08/2020 - 10:14
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Al momento de escribirse esta nota había fuertes rumores acerca de que finalmente el Gobierno habría alcanzado un acuerdo con los grupos de acreedores grandes respecto de la negociación de la deuda bajo legislación extranjera.

El número final en el cual se acordó no es relevante para la evolución de la macro argentina; la diferencia entre las posturas que cada parte tenía al viernes era poco significativa. Lo importante es que el acuerdo eliminaría una de las tantas fuentes de incertidumbre que afectan hoy a la capacidad de recuperación de la economía.

Más importante es que en la medida en que la participación minorista haya llegado al 35% del monto a canjear y si los grupos de bonistas grandes tienen entre 50% y 61% de cada grupo de bonos, es muy probable que la Argentina alcance los mínimos necesarios para activar las Cláusulas de Acción Colectiva sin recurrir a la «creatividad» de la estrategia llamada Pacman.

De ese modo el canje sería por el total, sin litigios en el extranjero. Esto es importante porque se evitarían los costos del litigio y además nadie pondría en duda que el país salió del default.

¿Cómo sigue la cosa? La magnitud de los problemas económicos de la Argentina deja poco tiempo para el festejo. El paso siguiente es negociar con el Fondo Monetario Internacional una postergación de pagos que en 2022 y 2023 suman aproximadamente u$s 18.000 millones en cada año. Si se opta por un acuerdo de facilidades extendidas habrá que incluir reformas estructurales y consistencia macroeconómica.

Eso requiere una mejora paulatina en las cuentas fiscales y acumular reservas internacionales dada el precario punto de partida inicial. Nada muy distinto a lo que planteó el ministro Guzmán en sus presentaciones en el Congreso, posiblemente ajustadas a un punto inicial mucho peor: el déficit primario de este año sería entre 7 y 8% del PIB, más del doble del incluido en esas proyecciones.

¿Cómo pensar la consolidación fiscal en una situación como esta? La forma técnica de resolver el tema es apuntar a un cambio en el déficit primario neutro, ajustado por el ciclo. Eso significa que cualquier mejora en los ingresos fiscales que genere la recuperación económica se destina a reducir el déficit primario, y lo mismo se hace por el lado del gasto primario.

Si la economía mejora, deben reducirse los aportes de ATP e IFE a empresas y familias en forma proporcional. Eso deja de lado la mejora que era necesaria para pasar de un déficit pre-pandemia de 1% del PIB a un superávit primario de 1% del PIB en el mediano plazo que idealmente debería cerrarse por reducciones de gastos (aunque el FMI y el Gobierno parecen más inclinados a cerrar la mitad de esa brecha por suba de impuestos).

De esta forma la política fiscal sería neutra. Pero ¿cómo financiar el desequilibrio durante la transición? Dado el escaso aporte que haría el financiamiento con deuda no parece haber otra opción a seguir cobrando impuesto inflacionario.

Además, la acumulación de reservas también requiere emitir, dejando menos espacio para el fisco para una inflación dada. Sin embargo, esto puede ser viable si se «ancla» dentro de un programa con el Fondo Monetario Internacional que dé un paraguas de credibilidad, pero sería mucho más fácil si además el gobierno anunciara un programa económico que alentara la inversión privada. Para ello, no hacen falta subsidios ni desgravaciones fiscales sino mostrar estabilidad en las reglas de juego y eliminar regulaciones costosas e ineficientes.

Lamentablemente el Gobierno (a veces acompañado por la principal coalición de oposición) van por el camino contrario. Desde Vicentín, Edesur, impuestos extraordinarios a la riqueza (luego de multiplicar por varias veces el impuesto existente), propuestas de reducir las tarifas de servicios públicos, hasta la prohibición de despedir, la duplicación en las indemnizaciones por despido y la ley que regula el Teletrabajo son sólo algunos ejemplos.

Un programa pro-inversión y empleo privado con diseño profesional y consenso político podría convertir la crisis en oportunidad. Claro que llegar a consensos políticos requiere que el Gobierno ponga el foco en la crisis y no trate de aprovecharla para aprobar medidas económicas y no económicas que sólo tienen el apoyo de una minoría dentro de la coalición gobernante.

Fuente: ElCronista

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