En un fallo de fuerte impacto institucional, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut declaró este jueves la nulidad absoluta de la sentencia dictada en noviembre de 2023 por el Tribunal de Enjuiciamiento, la cual había determinado la destitución de la jueza penal de Comodoro, Mariel Suárez. Con esta resolución, la magistrada deberá ser restituida de forma inmediata en sus funciones.
La decisión del máximo tribunal provincial fue unánime y contó con las firmas de los ministros Javier Raidan y Andrés Giacomone, junto a los jueces de Cámara Carina Estefanía, Diego Trad y Adrián Barrios, quienes intervinieron en carácter de subrogantes.
El caso de la jueza Suárez tomó trascendencia pública e institucional en enero de 2023, luego de que se difundieran filmaciones de las cámaras de seguridad internas del Instituto Penitenciario Provincial. En los videos se observaba a la magistrada visitando a un interno condenado por un homicidio de alta gravedad, registrándose situaciones de cercanía y contacto físico que derivaron en una denuncia inmediata.
Aquel sumario inicial fue elaborado por el entonces ministro del STJ, Daniel Báez, y sirvió como base para que el Consejo de la Magistratura elevara el caso a un jury. Finalmente, a finales de 2023, un Tribunal de Enjuiciamiento —presidido por el propio Báez— votó de manera dividida (3 a 2) desplazar a la jueza de su cargo.
Qué dice el fallo
El STJ delimitó con precisión el alcance de su decisión. La nulidad declarada no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad o inocencia de Suárez respecto de las conductas que motivaron el jury. El tribunal estableció que la cuestión es de forma, no de fondo: el proceso no cumplió con las garantías constitucionales exigibles, independientemente del mérito de los hechos que se le imputaron a la magistrada.
El camino institucional
La causa que derivó en la restitución tuvo su origen en una denuncia presentada en enero de 2023 por el entonces senador provincial Ignacio Torres —hoy gobernador de Chubut— y el entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.
La denuncia fue procesada por el Consejo de la Magistratura, que elaboró un sumario a cargo del propio Báez en su condición de ministro del STJ. Ese sumario derivó en la suspensión preventiva de Suárez y en la apertura del proceso de jury. Báez instruyó el sumario, luego presidió el Tribunal de Enjuiciamiento y emitió el voto que desempató la votación a favor de la destitución. Esa acumulación de roles es lo que el STJ declaró incompatible con la garantía de imparcialidad.
Según quedó registrado, el 29 y 30 de diciembre de 2021, la jueza Mariel Suárez se presentó en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew y visitó a Cristian Omar “Mai” Bustos, un hombre de 41 años que cumplía dos condenas: una por el asesinato de su hijastro, un bebé de nueve meses, ocurrido en 2005, y otra a prisión perpetua por el homicidio de un policía y las lesiones de otro durante un operativo en 2009.
Esta segunda sentencia había sido dictada semanas antes por el tribunal en el que la propia Suárez integraba.
Las cámaras de seguridad del penal registraron el encuentro. Las imágenes, difundidas públicamente en los primeros días de enero de 2022, mostraron a la magistrada y al condenado besándose, abrazándose, tomándose fotografías y compartiendo mate y comida durante casi tres horas. Al día siguiente, Suárez regresó al penal y permaneció con el mismo detenido durante casi dos horas más.
La denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura llegó en enero de 2023, presentada por Torres y Luque. Los cargos que finalmente prosperaron en el jury no fueron el contacto físico con el preso sino otras conductas derivadas de esa visita: haber mentido para faltar a una audiencia que debía presidir en Comodoro Rivadavia mientras se encontraba en Trelew, haberse ausentado de la ciudad sin avisar a las autoridades judiciales y haber participado en el juicio oral contra Bustos con su imparcialidad comprometida.
El jury se realizó en noviembre de 2023. El Tribunal de Enjuiciamiento quedó integrado por cinco miembros. La diputada Mariela Williams, el abogado Miguel Barletta y Daniel Báez votaron por la destitución. La diputada Mónica Saso y la abogada María Florencia Góngora votaron en contra. La decisión fue de tres a dos. El voto de Báez fue el que definió el resultado.
Dos años y medio después, el STJ declaró que ese voto nunca debió haberse emitido.
