La Cámara de Apelaciones de Caleta Olivia, integrada por los jueces Connie Naves y Humberto Monelos, confirmó el fallo del juez de Primera Instancia en lo Civil, Fernando Isla, por un juicio iniciado por el municipio en la gestión del ex intendente José Córdoba contra TERMAP, que obliga a la comuna a pagar una elevada suma de dinero en concepto de honorarios profesionales a los abogados de dicha empresa.
La Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de primera instancia, que en abril de este año informó que la comuna perdió el juicio que había iniciado contra TERMAP, por lo que debe nuevamente afrontar un duro golpe que puede afectar aún más sus finanzas, debido a «perjudiciales acciones tomadas por gestiones anteriores», según reza el comunicado de prensa.
Hace prácticamente un año, autoridades municipales expresaban que 360 millones de pesos iban a ser parte de los ingresos que actualmente tendría el municipio para oxigenar su economía. Sin embargo, una serie de anomalías en las presentaciones legales que se realizaron bajo la responsabilidad de Córdoba muestran que «el episodio solo fue un ejemplo más del desmanejo que hubo y que terminó jaqueando las finanzas del municipio».
Ante esta compleja situación, y buscando principalmente revertir el fallo que afecta seriamente la economía municipal, desde la actual gestión de Facundo Prades se decidió apelar. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en su fallo del 22 de setiembre le dio la razón a la firma privada y, por ende, condenó al municipio a pagar las costas, valuadas en el 10% del reclamo, es decir unos 40 millones de pesos.
Cabe recordar que el reclamo de la comuna contra la empresa Terminales Marítimas Patagónicas SA surgió por la presunta falta de pago de una tasa de «servidumbre» que tiene vigencia por ordenanza desde hace alrededor de siete años, según publica El Patagónico.
Si la empresa almacenadora de petróleo, formada por capitales de las operadoras petroleras YPF, SINOPEC y PAE, accedía a abonar esa deuda impositiva, ingresarían a las arcas municipales cerca de 360 millones de pesos, es decir los anunciados por la gestión de Córdoba a Prades previo al traspaso de la comuna.
Cabe mencionar que el Juzgado inició el expediente y dio curso a su tramitación pero, a modo de ejemplo, donde debía decir «trescientos sesenta millones», se leía «trescientos sesenta mil millones», o en donde se tendría que haber fechado 2015 decía «2050», errores que habilitaron al magistrado a dar por perdida la demanda del municipio.
