Al borde del fin de semana largo, en el Gobierno desmerecieron la reacción de los gremios estatales frente a los despidos masivos en la administración nacional que pusieron en marcha esta semana y festejaron la efectividad de la estrategia para empezar a cumplir con el cupo de 70 mil desvinculaciones que se plantearon como objetivo final del capítulo de ajuste del Estado.
Sin embargo, el anuncio de ATE y UPCN sobre una profundización de las medidas de fuerza el próximo miércoles puso en alerta a la Casa Rosada y a los ministerios de Seguridad y Capital Humano, donde evalúan cómo hacerles frente en la calle mientras temen más complicaciones en servicios estatales sensibles.
En la Nación avisan que no tienen planeado dar el brazo a torcer con la medida. Más allá del ahorro en las cuentas públicas, que no se especificó, les sirve de sustento para la narrativa central, que plantea como enemiga a “la casta”. Sin embargo, los inquieta que las medidas de fuerza paralicen la administración nacional y afecten -aún más- la atención al público, sobre todo en áreas delicadas que, para colmo, experimentando problemas por otros motivos, como la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
En ATE admitieron que los atacaron con la guardia baja. “Venimos de una administración muy floja del gobierno anterior, con liderazgos atados de manos, que también estuvo atravesada por las fórmulas de asistencia mixtas entre presencial y virtual. Eso destruyó las redes de trabajadores”, admitió uno de los impulsores de las medidas. Sin embargo, advirtió que en los últimos días se fortalecieron y que la táctica del Gobierno de mandar las notificaciones al borde de Semana Santa no funcionará para frenar la lucha.
Tras el envío masivo de mails de despido a las casillas de los empleados de secretarías, organismos y empresas del Estado, ATE denunció que hubo más de 10.000, y confirmó en una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que aplicará un nuevo paro nacional para el próximo miércoles, con ingresos masivos a los edificios públicos incluidos.
El operativo frente a la ofensiva, como se trata de predios de la órbita nacional, le corresponde a la Policía Federal, y en el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich se pusieron en alerta, a pesar de que la prioridad en esa cartera, desde hace semanas, estaba puesta en la agenda contra el narcotráfico.
Fuente: Infobae
