La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creó un proyecto de Ley con el que pretenden desregular las prestaciones de las personas con discapacidad establecidas en el nomenclador. Las prepagas y obras sociales determinarían libremente los costos de las prestaciones sanitarias y básicas, quitando la responsabilidad regulatoria del Estado.
El art. 3 inc D del proyecto de Ley dispone «proponer modificaciones, cuando fuere necesario al Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, definidas en el Capítulo IV de la Ley N° 24.901, a excepción de los valores arancelarios de las prestaciones estipuladas en dicho Nomenclador, que serán establecidos de forma independiente por cada uno de los entes financiadores del Sistema”.
La abogada Paola Solé, diplomada en Derecho de Daños y en Derecho de Salud, especialista en discapacidad, dialogó con Diario Crónica y señaló que el cambio sería un grave impacto al otorgar a los prestadores de salud el poder de establecer libremente los precios de las prestaciones».
Si la normantiva se aprueba, comentó: «Hay dos alternativas: puede suceder que esos precios sean acorde al valor de las prestaciones y las personas con discapacidad no queden desprotegidas o puede suceder que se organicen como ya lo hicieron y los precios no alcancen a cubrir el valor real de las prestaciones, por lo que sólo quienes puedan costear las prestaciones tendrían acceso a ellas, dejando desprotegidas a miles de personas con discapacidad que dependen de la cobertura de salud para recibir atención”.
Hay que recordar que el nomenclador determina el valor de la prestación y se actualiza. En Patagonia, se le suma un plus de 20% por zona desfavorable.
Además, la abogada indicó que «hoy, existiendo el nomenclador, hay mucha gente que se asesora, reclama e inicia acciones legales para hacer valer sus derechos, pero hay mucha gente que no está informada, que puede pagar el extra al prestador de la persona con discapacidad y dice ‘bueno, yo hago un esfuerzo y le pago el prestador´ y hay gente que directamente no puede pagar, entonces ahí está el problema. Si dejamos esto librado a la decisión de las prepagas y obras sociales, el gran problema es que los únicos que van a sufrir son los afiliados”.
Asimismo, señaló que muchas veces los prestadores pasan más horas de lo que corresponde para compensar el valor que no abona la obra social y tampoco lo pueden hacer las familias: «Es la realidad, en vez de tener dos horas de acompañamiento terapéutico tres veces a la semana, el nene tiene cuatro horas todos los días, entonces ahí compensan valores. Es decir, el prestador va dos horas tres veces a la semana, pero todo el resto es para compensar el valor. Esto pasa todo el tiempo y lo hacen justamente para poder compensar los valores, porque hay familias que no pueden sacar de su bolsillo y pagarle el resto al prestador”.
Por su parte, la Fundación Luz de Esperanza que capacita y asesora a un total de 144 familias de pacientes electropendientes en la ciudad, es la única organización provincial que se dedica a este temática, por lo que trabajan en expansión para llegar a todas las localidades y dar a conocer los derechos de personas con discapacidad.
El presidente de la fundación, Christian Sosa, se refirió a la nueva normativa que busca el Gobierno y dijo que «nosotros estamos en rechazo del proyecto de ley donde le darían la facultad a las obras sociales de ponerle el precio de los honorarios a los profesionales, porque la obra social tiraría por el costo más bajo, el profesional no acataría el costo de ese honorario y quedarían vulneradas las familias, por una negociación entre el prestador y la obra social”.
Y agregó: “Entonces nos encontraríamos en una burocracia donde la familia debe generar más recursos de amparo de lo que ya llevan, para que le cubra la cobertura integral al 100% de todas las prestaciones que necesiten”.
“Vamos a seguir trabajando a través de los Consejos de Discapacidad y a través de la Federación de Discapacidad, para frenar el avance de esta normativa”, concluyó.
