La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves el rechazo de la prisión domiciliaria para el empresario Lázaro Báez que había pedido el beneficio por cuestiones de salud y una delicada situación personal.
Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky resolvieron, por mayoría, rechazar el recurso interpuesto por la defensa de Báez que había pedido que se considere el agravamiento de su estado de salud. Según los informes presentados, el empresario padece de patologías crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2, EPOC, obesidad leve y adenoma de colon con displasia de alto grado.
En el fallo, los camaristas explicaron que “las penas privativas de libertad se cumplen en establecimientos penitenciarios, mientras que la prisión domiciliaria constituye una excepción de interpretación restrictiva, que requiere justificación suficiente y control riguroso”.
“Este análisis resulta aún más delicado en casos especialmente graves, como los delitos de corrupción que afectan directamente al funcionamiento del sistema democrático y al patrimonio público», y por el que fue condenado Báez.
Al respecto, los magistrados agregaron que “el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar adecuadamente tales conductas” y, en casos como este, “una flexibilización carente de adecuada fundamentación corre el riesgo de debilitar ese mensaje normativo”.
La Cámara resaltó que Báez fue objeto de sucesivas evaluaciones e intervenciones médicas y que las afecciones que viene padeciendo “están siendo atendidas debida y adecuadamente en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado”.
Por lo tanto, las patologías descriptas por su defensa no logran demostrar que su estado de salud, de momento, sea incompatible con su permanencia en el establecimiento penitenciario donde actualmente se encuentra alojado.
El pedido de Lázaro Báez
Báez cumple una pena de 15 años de prisión, unificada en julio de 2025 por el mismo Tribunal Oral Federal N° 4. Esa condena combina los 10 años impuestos por lavado de activos agravados en la causa conocida como “Ruta del Dinero K” y los 6 años por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”, vinculada a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante la gestión de Cristina Kirchner.
La defensa había alegado que las condiciones de detención agravaban el estado de salud del empresario y que existían demoras en la atención médica que ya habían ocasionado perjuicios.
En el informe también se señaló que el año pasado le extirparon un tumor premaligno del intestino y requiere un seguimiento especial. Ese seguimiento no se concretó pese a episodios de sangrado previos. También se remarcó que, tras su traslado al pabellón común no recibe los controles glucémicos indicados y carece de pilas para su dispositivo de medición.
A su situación de salud se suma que su pareja se encuentra en medio de un tratamiento por un cáncer y a cuidado de sus dos hijos menores de edad.
