La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron su «profundo rechazo» a la medida de fuerza impulsada por los sindicatos del sector, que paraliza todas las actividades de la agroexportación en el país.
La entidad empresaria sostuvo que el conflicto que motiva la protesta es ajeno a sus representados y que debe ser resuelto exclusivamente entre la empresa Vicentin y los gremios involucrados.
Desde CIARA-CEC advirtieron que la situación pone en riesgo el normal funcionamiento de una industria clave para la economía argentina, en un momento en que el país busca estabilizar sus variables macroeconómicas.
En ese sentido, llamaron a establecer una mesa de diálogo para alcanzar soluciones sin afectar la operatoria del comercio exterior.
Las cámaras recordaron que la industria aceitera sostuvo el pago de salarios que, «en promedio, superan los $3,5 millones» y que, actualmente, se encuentran en negociaciones con los gremios para actualizar los ingresos en función de la inflación.
En ese marco, ratificaron que ningún trabajador del sector tendrá aumentos por debajo del índice inflacionario anual.
A su vez, desde CIARA-CEC remarcaron que el esfuerzo de la agroindustria para sostener la producción y el empleo no puede verse condicionado por un conflicto puntual.
«Nadie tiene derecho a poner en riesgo el bienestar económico del país por un interés particular, por importante que pueda ser para los afectados», señalaron desde la entidad.
Las cámaras empresariales lamentaron la interrupción del diálogo con los sindicatos y calificaron la medida de fuerza como «desproporcionada e ilegal».
En ese sentido, instaron a las partes involucradas a retomar las negociaciones y encontrar una solución en una mesa de diálogo, en lugar de afectar el normal funcionamiento de la agroexportación.
Además, desde CIARA-CEC recordaron que la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y pidieron a los líderes sindicales que la acaten para restablecer la actividad.
También remarcaron que es momento de cumplir con los compromisos asumidos ante la Justicia provincial y evitar mayores perjuicios a una industria clave para la economía del país.
Cabe recordar que Vicentin atraviesa un complejo proceso de reestructuración desde su cesación de pagos en 2019, con una deuda superior a los US$1500 millones.
La empresa se encuentra en concurso preventivo y enfrentó diversas dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, lo que derivó en tensiones con trabajadores y acreedores.
En este contexto, la decisión de abonar solo el 30% de los salarios de febrero profundizó el conflicto con los gremios del sector, que exigen el pago total de los haberes.
