El proceso de quiebra de la histórica cooperativa láctea Sancor escaló hasta convertirse en escándalo institucional en la provincia de Santa Fe.
Uno de los síndicos independientes del expediente judicial pateó el tablero y denunció formalmente al juez a cargo de la causa, Marcelo Gelcich, titular del juzgado de Rafaela, ante la Corte Suprema provincial.
La presentación describe la existencia de un entramado diseñado de forma deliberada para neutralizar las auditorías, concentrar el manejo de activos millonarios y favorecer operaciones comerciales de dudosa transparencia.
De acuerdo con el texto de la denuncia, el eje del conflicto radica en la vulneración de la Ley de Concursos y Quiebras mediante la creación de un esquema de poder paralelo dentro del expediente.
El denunciante sostiene que el juez Gelcich montó un mecanismo para obstaculizar el control independiente que le corresponde a la Sindicatura plural.
Para lograrlo, “habría designado de manera directa y arbitraria” —eludiendo el sorteo legal obligatorio que exige el registro de la Corte Suprema— a una coadministradora, la contadora Lucila Inés Prono.
Si bien esta figura técnica se creó inicialmente con el único propósito de asistir a los síndicos ante las dificultades para obtener información de la empresa, la denuncia advierte que terminó asumiendo funciones exclusivas de la sindicatura, transformándose en un “órgano de supresión de control”.
La acusación describe una división interna: mientras los síndicos independientes Juan Tomat y Oscar Epstein mantuvieron una postura de fiscalización estricta, el tercer integrante, Ignacio Pacheco, se habría alineado con las directivas del juzgado y la coadministradora en un bloque que acaparó las decisiones de liquidación de activos, elaboración de pliegos y manejo de ofertas comerciales estratégicas.
Maniobras bajo sospecha
La presentación judicial detalla episodios específicos en los cuales la exclusión de los síndicos disidentes “habría afectado gravemente las finanzas de Sancor, promoviendo operaciones directas y sin mecanismos de competencia».
En uno de los casos, la intervención del sector independiente de la Sindicatura logró forzar una corrección que incrementó el valor de una transacción en US$635.000.
Sin embargo, el punto más alarmante del informe revela la misteriosa desaparición de 24.640 kilogramos de queso que se encontraban bajo resguardo judicial (warrants).
El valor de esta mercadería, estimado en un faltante de al menos US$ 209.440, nunca ingresó a las cuentas bancarias del juzgado. El magistrado Gelcich rechazó la denuncia, validó un acuerdo privado posterior entre la empresa y el acreedor, y sancionó con un apercibimiento a los profesionales que expusieron la irregularidad.
El denunciante relató ante el máximo tribunal santafesino que el juzgado aplicó una metodología sistemática basada en “fabricar incumplimientos”.
El mecanismo “consistía en fijar plazos de imposible ejecución material para luego aplicar severas sanciones a la sindicatura disidente y transferir, por vía de castigo, sus tareas de control a las manos de la coadministradora afín”.
Este clima de hostigamiento institucional provocó que el síndico Epstein terminara presentando su renuncia al cargo. No obstante, en lugar de cubrirse la vacante mediante un nuevo sorteo legal, el juzgado mantuvo una sindicatura reducida, preservando las facultades de la coadministración y marginando al denunciante de etapas cruciales.
Destacan puntualmente la cuestionada tasación de las unidades productivas —definida en apenas seis días y con el incendio de la planta de Sunchales en el medio— cuyos valores actuales “perjudican abiertamente los intereses de los acreedores”.
Ante la gravedad de los hechos, el síndico solicitó a la Corte Suprema una investigación urgente, medidas de protección para asegurar la independencia de su tarea y la apertura de un sumario administrativo contra el juez Gelcich.
