Los autos y motos cero kilómetro podrían tener un precio más alto en algunas jurisdicciones que en otras en los próximos meses, como consecuencia de la decisión de algunos gobiernos provinciales de trasladar la responsabilidad de la percepción de los impuestos de sellos locales a las fábricas de automóviles y concesionarias al momento de la inscripción inicial de las unidades. El costo varía según cada provincia, pero puede ir desde un 1% a un 3% del valor del vehículo que se registra.
Esta situación se ha generado varios meses después de que el Ministerio de Justicia, dentro de las reformas que progresivamente está llevando a cabo para reducir los costos de los usuarios al momento de registrar un automóvil o una motocicleta cero kilómetro. Esa decisión, que se publicó en el Boletín Oficial el 1 de septiembre de 2024, incluyó una baja al 1% del arancel de transferencia de autos nacionales e importados, y la eliminación de cargos por cédulas de identificación, títulos y chapas patentes.
Pero además el Gobierno decidió también que en los Registros del Automotor ya no cobrarán obligatoriamente impuestos ni tasas provinciales o municipales, como tampoco las infracciones de tránsito o impuesto automotor adeudado de las provincias.
“Los gobernadores e intendentes ya no podrán financiar sus gastos a escondidas de los argentinos de bien”, posteó en aquel momento el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al comentar en su red social X el alcance de las decisiones de su cartera. Estas políticas se alineaban con lo que paralelamente a nivel nacional estaba llevando a cabo el Ministerio de Economía, por la cual ya no se pueden incluir las tasas municipales o provinciales en las boletas de los servicios públicos como luz o gas, por ejemplo.
Según pudo confirmar Infobae, verificando la información con fuentes de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), tanto los gobiernos de Tucumán, Córdoba, Formosa, Misiones y Mendoza tomaron decisiones similares aunque con características distintas respecto al modo de trasladar el cobro del impuesto de sellos provincial a quienes fabrican o venden autos. En algunos casos, incluso también afectando las operaciones de autos usados.
