Los sindicalistas, con el delegado José Santiago a la cabeza, mantuvieron un corte de suministro de agua a la población por 72 horas, poniendo en grave riesgo la salud pública. El corte que comenzó el 7 de noviembre de 2014 mantuvo sin agua casi por una semana a la totalidad de usuarios de esta ciudad, Rada Tilly y Caleta Olivia. Un año y un mes después del hecho la causa llegaba a la audiencia de apertura de investigación en la Justicia ordinaria. Por una cuestión de competencia se pasó a la Justicia Federal que finalmente la desestimó y la cerró por no poder probar que los sindicalistas eran los responsables del corte. El grave perjuicio y riesgo que padecieron las tres ciudades “no tiene responsables” para la Justicia.
Por el hecho José Santiago, Claudia Vidal y José Luis Ogas fueron imputados por “entorpecimiento de la provisión de agua potable” en diciembre de 2015. Pero el hecho había tenido lugar el 7 de noviembre de 2014, cuando los empleados de la SCPL, con el sindicalista José Santiago a la cabeza, impidieron el bombeo del agua potable dejando a todo Comodoro, Rada Tilly y Caleta Oliva sin suministro de agua por 72 horas. Hubo un desperfecto eléctrico en la línea 132 Kv que abastece de energía al acueducto lago Musters. Reparado, y ya en condiciones de iniciar el llenado del acueducto, personal de la SCPL se negó a hacerlo porque cumplían una medida de retención de servicios impuesta por el delegado del Sindicato de Obras Sanitarias José Santiago y los dirigentes Ogas y Vidal.
La audiencia de apertura de investigación se hizo un año y un mes después del hecho, el 7 de diciembre de 2015, donde se les imputó el delito ya mencionado, en principio en calidad de coautores, pero luego el juez penal Mariano Nicosia bajó la calificación legal a “instigadores” por entender que “el autor de un hecho debe tener el control del mismo y quienes provocaron el corte de agua no fueron los imputados, sino que la maniobra ilícita fue ejecutada por los empleados de la SCPL”.
En esa audiencia el fiscal general Héctor Iturrioz detalló la forma en que ocurrió todo, a partir de las 22 cuando luego de reparar un desperfecto eléctrico y cuando ya todo estaba en condiciones para llenar los tanques de reserva, fueron convocados los empleados de la SCPL, que se negaron a hacerlo porque estaban con retención de servicios ordenado por el Sindicato de Obras Sanitarias. Solo permitieron utilizar una sola bomba. Esto provocó la falta de agua a las tres ciudades ya mencionadas por un lapso de 72 horas.
La Fiscalía aseguró que la retención de servicios fue decidida por los imputados Santiago, Vidal y Ogas en clara violación al estatuto del Sindicato que establece que una retención de servicios debe hacerse por consenso de la mayoría en Asamblea o en su defecto por once miembros de la Comisión Directiva. Además “se debe asegurar la prestación de servicios mínimos” sostuvo el fiscal.
“Maniobras extorsivas de los empleados”
En esa audiencia se constituyó como querellante autónomo en representación de la Provincia el fiscal de Estado Miguel Montoya que se refirió a las “maniobras extorsivas por la que los afiliados al Sindicato de Obras Sanitarias se negaban a prestar el servicio de llenado del acueducto”. El fiscal de Estado hizo una pormenorizada reseña de las agresiones sobre trabajadores enfrentados con ese gremio, que eran habituales, citando algunos casos de empleados heridos de bala y coaccionados para obrar. Montoya sostuvo que este hecho de retención de servicios que mantuvo a tres ciudades sin agua por “90 horas” se produjo porque el gremio quiso forzar el ingreso de 70 trabajadores.
A la Justicia Federal
En una nueva audiencia celebrada el 30 de marzo de 2016 el fiscal Iturrioz planteó la competencia de la Justicia Federal tomando en cuenta que el servicio se interrumpió en tres ciudades y que implican dos provincias, Chubut y Santa Cruz, de modo que el servicio afectado tiene naturaleza interjurisdiccional. Por esta razón la causa fue remitida a la Justicia Federal el 9 de mayo de 2016. Pero recién el 24 de mayo llegó la causa a la Fiscalía Federal y quedó en manos del fiscal federal Norberto Bellver.
La actividad de la Fiscalía fue intensa; muchos fueron los testigos citados a declarar, pero debido al tiempo transcurrido, ninguno recordaba nada y los pocos que sí recordaban algo eran testigos de oídas, no presenciales. Los únicos que mantuvieron su testimonio y recordaban todo en relatos absolutamente coincidentes, fueron el ingeniero Depetris, Guillermo Jones integrante del Consejo de Administración de la SCPL y Rodolfo Calo, el jefe del Departamento de Acueducto. No obstante, ninguno de ellos fue testigo presencial, sino que tomaron conocimiento del hecho por dichos de terceros o comunicaciones telefónicas.
