El costo de la vivienda dejó de ser un gasto aislado dentro del presupuesto familiar y pasó a condicionar otras decisiones cotidianas. En Argentina, 8 de cada 10 personas redujeron al menos un gasto durante el último año para poder sostener su hogar, una proporción que equivale al 83% y supera el promedio mundial del 75%. Entre quienes alquilan, la presión es todavía mayor: casi la mitad reconoce dificultades frecuentes para afrontar los pagos y crece el temor a no poder permanecer en la vivienda ante un imprevisto.
Los datos surgen del informe global ‘Un hogar, pero ¿a qué costo?’, elaborado por Hábitat para la Humanidad a partir de una investigación en 22 países, con 1.400 personas encuestadas en Argentina. El relevamiento expone hasta qué punto el costo de habitar impacta en la alimentación, los ahorros, la salud y los proyectos de vida.
El 38% de las personas consultadas en el país redujo gastos en alimentos y productos esenciales, el 37% recurrió a sus ahorros o fondos de emergencia y el 35% asumió trabajos adicionales o más horas laborales. Además, el 34% tuvo que elegir entre pagar la vivienda o cubrir necesidades básicas, como comida, vestimenta y medicamentos.
«Lo que muestra el estudio es que en Argentina el problema no es solo tener o no un techo, sino cuánto cuesta sostenerlo. La mayoría de las personas tiene una vivienda y acceso a servicios, pero la sostiene a costa de otras cosas», explicó Bárbara Bonelli, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Argentina.
La referente vinculó esta situación con la volatilidad económica y la inflación, que erosionaron el poder adquisitivo y redujeron el margen de los hogares para afrontar imprevistos. También mencionó la escasez de crédito hipotecario, el encarecimiento del metro cuadrado y la informalidad laboral, que deja a una parte importante de la población sin recibo de sueldo y complica el acceso a un alquiler formal.
Alquileres, expensas y servicios: una cuenta cada vez más difícil
La presión es más intensa entre quienes alquilan. Según el estudio, el 49% de los inquilinos tiene dificultades frecuentes para afrontar los costos habitacionales, frente al 31% de los propietarios. A su vez, el 68% teme que un imprevisto afecte su permanencia en la vivienda, contra el 51% de quienes tienen casa propia. Además, el 54% de los inquilinos se manifestó insatisfecho con su situación habitacional.
A la carga del alquiler se suman las expensas y los servicios. El 60% de los inquilinos afirmó que las tarifas de energía afectan negativamente la posibilidad de sostener su vivienda, mientras que el 19% de las personas en Argentina limitó el uso de la calefacción o la refrigeración, casi el triple del promedio global, que llegó al 7%.
Luján García, de la inmobiliaria Grupo MegaTop, advirtió que el problema no termina en el precio publicado del alquiler. Amplió: “La inflación en el alquiler es solo una cara de la moneda; hoy el verdadero golpe al bolsillo lo dan los costos asociados, como el incremento en los servicios de energía y, sobre todo, las expensas. En muchos casos, las expensas terminan representando entre un 25% y un 30% del costo total mensual de habitar una propiedad, lo que inhabilita a muchas familias a sostenerse en las ubicaciones donde venían viviendo”.
En ese contexto, el presupuesto mensual obliga a revisar decisiones que antes parecían definitivas, como el barrio elegido para vivir. La búsqueda ya no pasa solamente por conseguir una propiedad con determinados ambientes o comodidades, sino por calcular cuánto costará mantenerla todos los meses.
García describió el caso de una pareja joven que pagaba $800.000 de alquiler más $200.000 de expensas por un departamento de dos ambientes en Belgrano. Acotó: “El desembolso de $1.000.000 mensuales se volvió difícil de sostener frente a ingresos que no avanzaron al mismo ritmo”.
La respuesta fue buscar una alternativa en barrios como Almagro o Monte Castro, donde pueden encontrarse unidades de prestaciones similares o incluso con mayor superficie por un valor menor. La mudanza permite reducir el compromiso mensual sin perder por completo la conectividad con el resto de la Ciudad.
Mudanzas para pagar menos: cambia el mapa inmobiliario
La rotación también alcanza a las familias. Según García, quienes viven en Palermo, Núñez o Villa Urquiza y enfrentan renovaciones de alquiler por $1.100.000, más expensas de $250.000, evalúan trasladarse a barrios como Villa Crespo, Barracas o Liniers. En esos casos, el desembolso mensual de $1.350.000 puede resultar difícil de compatibilizar con los gastos escolares y de crianza.
Esta dinámica modifica el comportamiento de la demanda. Mientras algunos sectores con valores elevados enfrentan más dificultades para colocar propiedades cuando los precios pretendidos exceden el presupuesto de los inquilinos, otras zonas reciben consultas de quienes priorizan un costo mensual más accesible.
“Esta rotación permanente está reconfigurando el mapa inmobiliario de la ciudad. Los barrios consolidados del corredor norte experimentan una mayor vacancia o tiempos de colocación más largos ante pretensiones fuera de mercado, mientras que zonas con valores de alquiler y expensas más razonables reciben una demanda firme que busca previsibilidad. La premisa actual del inquilino no es la ubicación ideal, sino la sostenibilidad financiera en el tiempo”, señaló García.
También cambiaron las preguntas durante la búsqueda. La inmobiliaria observa que los interesados prestan más atención al valor de las expensas y a los servicios incluidos para evitar gastos inesperados. La iluminación natural, los balcones o las terrazas y la cercanía al transporte público siguen entre los atributos buscados, pero ahora deben convivir con una condición central: que el costo total sea sostenible.
Las condiciones de ingreso también pesan. Los inquilinos buscan alternativas que permitan evitar la inmovilización de grandes sumas de dinero y consultan por garantías de fianza o seguros de caución, además de opciones contractuales que ofrezcan mayor previsibilidad.
El costo de la vivienda también condiciona los proyectos de vida
El impacto no se limita a las cuentas mensuales. El informe de Hábitat para la Humanidad señala que el 57% de las personas en Argentina considera que los costos habitacionales dificultan pensar en formar una familia. Entre madres y padres, el 60% teme que esos gastos limiten las oportunidades de sus hijos e hijas.
Además, el 84% de los encuestados consideró que el aumento de los costos de vivienda perjudica el acceso a la casa propia. La expectativa de comprar una propiedad se aleja en un contexto en el que los gastos corrientes consumen una porción cada vez mayor de los ingresos y reducen la capacidad de ahorro.
Bonelli también advirtió sobre las barreras que enfrentan quienes intentan acceder a un alquiler formal. Las garantías propietarias, los comprobantes de ingresos formales y los costos iniciales dejan afuera a personas con empleos no registrados o que viven en asentamientos, hoteles, pensiones e inquilinatos. Según explicó, algunas familias pagan montos similares a los del mercado formal por viviendas que no reúnen condiciones adecuadas.
Frente a ese escenario, Hábitat para la Humanidad Argentina impulsa alternativas como el alquiler social, que permitió transformar un conventillo deteriorado de La Boca en nueve departamentos accesibles, y trabaja en el desarrollo de una inmobiliaria social para conectar a inquilinos en situación de informalidad con propietarios de viviendas ociosas.
La organización también señaló que solo el 20% de las personas consultadas en Argentina considera que las políticas habitacionales abordan eficazmente los problemas de vivienda, mientras que el 70% cree que las políticas no hacen lo suficiente para quienes buscan acceder a su primera propiedad. Al mismo tiempo, el 75% vería con buenos ojos una mayor oferta de vivienda asequible o social en su comunidad.
Para Bonelli, la respuesta requiere coordinación entre el Estado, el sector privado, las organizaciones sociales y las comunidades. La directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Argentina concluyó que “una vivienda adecuada es un derecho y que ningún actor, sea público o privado, puede resolverlo solo. Se sale con más articulación entre Estado, sector privado, sociedad civil y comunidades, no con menos”.
