Vecinos del barrio Ara San Juan se reunieron para visibilizar la situación que atraviesan por los graves problemas estructurales que presentan las viviendas entregadas por el IPV. Denuncian que hay casas con importantes fracturas, paredes y pisos agrietados, desprendimientos de cielorrasos y sectores que ya no pueden ser habitados.
Según señalaron, cuatro o cinco viviendas serían demolidas, aunque sostienen que el problema alcanza a muchas más familias. Además, cuestionaron que, pese a los daños y las condiciones en las que se encuentran sus casas, el IPV continúa cobrándoles las cuotas de las viviendas.
En diálogo con El Comodorense Stream, una de las vecinas expresó el temor que viven diariamente: «Tenemos las casas detonadas, todas fracturadas. Tenemos ruidos durante la noche y miedo de levantarnos y que se nos caiga el techo, como ya les ha pasado a otros vecinos».
La mujer también contó que un chico sufrió una lesión en la clavícula y reclamó una solución urgente. «No queremos una muerte ni nada grave. Ojalá la Justicia avance y nos ayude», manifestó.
Además, aseguró que algunos vecinos no se animan a reclamar por temor a posibles represalias. «El problema es grave, es estructural y de suelo. Nosotros hicimos una denuncia penal y necesitamos que avance. Yo no quiero seguir viviendo acá, estoy asustada. Nos dejaron una bomba de tiempo», sostuvo.
Por su parte, Julio, otro de los vecinos afectados, relató que durante la última lluvia se desprendió parte del cielorraso de su vivienda y golpeó a su hijo. «Se le cayó el cielo raso, se lastimó el hombro. Quedó sin trabajo y había un nene más chiquito que, por suerte, no le pasó nada», contó. También recordó que vive en el barrio desde 2019 y cuestionó que las casas no tengan ni diez años de antigüedad.
Samuel, en tanto, explicó que los problemas comenzaron poco después de recibir la vivienda. «Se empezó a quebrar el piso, las paredes y cada vez que llueve se parte más la medianera. Siempre hay una grieta nueva», describió.
Jesús también cuestionó la respuesta del organismo provincial y aseguró que la cantidad de viviendas afectadas sería mucho mayor a la reconocida oficialmente. «Según el presidente del IPV son cuatro o cinco casas para demoler, pero en realidad son como 100 casas», afirmó.
Además, denunció presuntas presiones sobre las familias que reclaman. Según indicó, algunos vecinos habrían recibido advertencias sobre posibles embargos o la quita de sus viviendas ante dificultades para cumplir con los pagos.
«Es un atropello institucional gravísimo. Creíamos que el Estado nos protegía y nos iba a dar una vivienda digna, pero nos dio un problema», expresó.
Los vecinos reclaman que se investiguen las fallas estructurales y las condiciones del suelo, que avance la denuncia penal y que el IPV brinde una respuesta concreta. Mientras tanto, aseguran que viven con miedo ante la posibilidad de nuevos desprendimientos y derrumbes.
