Tras aprobar en general el megaproyecto de ley del Gobierno, el oficialismo enfrenta hoy en la Cámara de Diputados la instancia más difícil: la aprobación de cada uno de sus artículos.
Los puntos más sensibles de la iniciativa no tenían anoche garantizada la mayoría: las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo, las privatizaciones de las empresas públicas, el derrotero del impuesto PAIS como así también el artículo que releva de todo límite para contraer deuda en moneda extranjera constituyen los puntos conflictivos más importantes sobre los que todavía no hay acuerdo entre la oposición dialoguista y la Casa Rosada, publica La Nación.
La aprobación en general del proyecto, el viernes por la tarde, fue un paso importante pero insuficiente y de implicancia apenas simbólica. Un proyecto adquiere media sanción recién cuando se lo vota in totum, es decir, artículo por artículo. Ergo, si la mayoría de la Cámara de Diputados decide durante la sesión de hoy rechazar o modificar los puntos claves de la ambiciosa “Ley de Bases”, Milei se quedará con una norma virtualmente vacía de contenido. Más aún desde que el propio Poder Ejecutivo decidió eliminar del dictamen el paquete fiscal, el corazón de esta mega reforma que Milei exhibe como fundacional.
El último fin de semana pasó sin pena ni gloria; salvo algunos borradores intercambiados entre los técnicos de la Casa Rosada y los legisladores, no hubo avances significativos en las negociaciones. El reloj corre, faltan apenas horas para que se retome la sesión y los libertarios llegarán al recinto sin los números asegurados para superar los escollos que les esperan; toda una osadía que bloques parlamentarios más experimentados jamás acometerían.
Los números, en definitiva, son los que importan. Según arroja el resultado de la votación del viernes pasado, cuando se trató general el proyecto, 144 resultaron positivos mientras que 109 fueron negativos. Este es el número máximo que consiguieron quienes defienden el proyecto y sus detractores; en otras palabras, si los 109 diputados que rechazaron el proyecto en general logran persuadir a otros 20 colegas a que se sumen a la volteada de alguno de los artículos, el oficialismo se verá en serios problemas.
El arranque no se prevé sencillo: los primeros cuatro artículos del proyecto que se someterán a votación son los referidos a la delegación de facultades delegadas para el Poder Ejecutivo por un año. A priori, los números aparecen tan justos que la votación no será apta para cardíacos.
Por ahora suman diez los legisladores que, si bien votaron a favor en general del proyecto, rechazarán este capítulo durante el debate en particular. Ellos son los seis diputados de la Coalición Cívica y cuatro diputados que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora. Los legisladores de la provincia mediterránea sorprendieron esta tarde a sus compañeros de bloque con esta postura, contraria a la que supieron cultivar en durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Sucede que Llaryora, fastidiado con el gobierno nacional ante la falta de respuestas a las demandas para atender las demandas fiscales de las provincias, bajó línea a sus legisladores a mostrarse duros durante la votación en particular.
La pregunta es si los díscolos sumarán otros diez legisladores para alcanzar la mayoría. Las especulaciones y los poroteos están al rojo vivo. Puede suceder, como en tantas otras votaciones que se auguran ajustadas, que por pedido de algún jefe de bloque aliado del oficialismo algunos legisladores accedan a abstenerse antes que votar en contra, o bien se retiren subrepticiamente del recinto a la hora de votar. Una argucia para sacarle ventaja a los detractores. Picardías como éstas han sido comidilla en la historia parlamentaria.
“Los votos los vamos a tener, despreocupate”, dijo a LA NACION un conspicuo diputado de Pro que, a falta de soldados libertarios con experiencia en el rastreo de votos, puso a su bloque en esa tarea.
Facultades delegadas
La cuestión de las facultades delegadas no es menor. El Gobierno propone declarar seis emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Sobre estas emergencias, el artículo cuatro establece las bases de legislación, las cuales, a gusto de los legisladores opositores, son por demás amplias. Por caso, se le otorgarían facultades para no solo reorganizar el sector público nacional para hacer más eficiente y racional su funcionamiento; además, propone intervenir todos los entes, empresas y sociedades cualquiera sea su tipo jurídico, a excepción de las universidades.
Además, se le permitiría al Poder Ejecutivo privatizar total o parcialmente empresas, sociedades establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad sea del estado nacional. Asimismo, podrá modificar, transformar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos y fondos fiduciarios públicos, estas últimas cajas negras de la administración.
Privatizaciones, con los votos justos
Las privatizaciones de empresas públicas será una pelea voto a voto. Si bien la Casa Rosada accedía a reducir de 36 a 27 el número de empresas a ser declaradas sujetas a privatización total, tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal insisten en que se incluya en el articulado un mecanismo de control parlamentario exhaustivo previo a cada privatización, ya sea a través de la Auditoría General de la Nación o una Comisión Bicameral de Seguimiento con facultades extendidas. El radicalismo también avisó que no está de acuerdo con que el Banco Nación pueda ser privatizado parcialmente.
Los artículos que liberan al Poder Ejecutivo de las ataduras del Congreso para tomar deuda en moneda extranjera siguen generando cortocircuitos. El dictamen propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, el cual establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respeto del monto total de emisiones en ese ejercicio. Además, dispone que toda toma de deuda externa que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso.
Respecto del impuesto PAIS, los cordobeses insistirán en ponerlo sobre la mesa del debate para que sea coparticipado. No obstante, el ministro del Interior ya anticipó que, en caso de ser incorporado como artículo del texto, será vetado. Todo indica que finalmente el debate de este capítulo será prorrogado junto con el resto del paquete fiscal para su discusión con los gobernadores, aún sin fecha fija.
