El letrado desmintió la existencia de imputaciones penales por daños contra los manifestantes y fundamentó la legalidad del paro de actividades. Además, denunció el vaciamiento edilicio en los colegios de la provincia y alertó sobre la grave situación salarial y operativa que atraviesan los trabajadores del Hospital Regional.
La tensión entre el Gobierno Provincial y los gremios estatales sumó un nuevo capítulo de confrontación jurídica y sindical. Luego de que las autoridades educativas tildaran de «violenta e ilegal» la última manifestación en la delegación de escuelas de la Región Cuarta, el asesor legal y miembro de la Comisión Directiva de ATE Chubut, Martín Alaniz, rompió el silencio para rechazar las acusaciones del Ejecutivo y ratificar la continuidad del plan de lucha en toda la provincia.
El profesional del derecho desmintió de forma tajante las versiones oficiales que daban cuenta de severas denuncias por destrozos económicos dirigidas hacia la cúpula sindical. «La verdad que ni siquiera nos llegó una imputación por daño, así que por lo tanto el gobierno continúa mintiendo; simplemente da discursos a la prensa que después no se cumplen en la realidad», disparó el abogado.
Respecto de la situación procesal de las cinco personas que resultaron aprehendidas durante el desalojo policial de las oficinas de Kilómetro 3, el letrado confirmó que el caso se encuentra bajo la órbita de una investigación formal. Como única medida cautelar vigente, la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la sede de la Delegación de Escuelas. Sin embargo, el defensor minimizó el peso de la acusación fiscal al señalar que «no tenían ningún tipo de conjetura específica contra ninguno de los 5 detenidos del fiscal, solamente eran generalidades de lo sucedido».
La pulseada por la conciliación: «Es ilegal y arbitraria»
Uno de los puntos de mayor controversia técnica radica en la legalidad del paro por 48 horas que paralizó las escuelas públicas durante las últimas jornadas. Alaniz brindó precisiones de índole jurídica para rebatir los planteos del Ministerio de Trabajo que apuntaban al incumplimiento de una conciliación obligatoria.
De acuerdo con el cronograma gremial, el sindicato acató estrictamente un primer periodo de conciliación que feneció el pasado viernes 29 de mayo, completando los 15 días de base y una prórroga de 5 días más. «Durante esos 20 días en ningún momento fuimos convocados por el gobierno provincial a discutir los temas que nosotros venimos reclamando. Como cesa la conciliación el día 29, nosotros lanzamos una medida de acción directa que es el paro de 72 horas», pormenorizó.
El conflicto se agudizó el domingo 31 de mayo, cuando la gestión provincial anunció el dictado de una segunda conciliación. El abogado denunció vicios de forma y de fondo en dicho acto administrativo: en primer lugar, aseguró que el gremio nunca fue notificado formalmente en sus domicilios legales y que solo se enteraron a través de los medios de comunicación. En segundo término, invocó los principios de la libertad sindical.
«El derecho de libertad sindical establece que no puede dictarse dos veces conciliaciones continuas sobre el mismo objeto, porque seguimos reclamando lo mismo, no es que ha cambiado el objeto del reclamo. Por lo tanto, ellos están coartando nuestra libertad sindical y por eso la segunda conciliación que enviaron es ilegal y arbitraria. No pretende arreglar el problema, sino simplemente acallar el reclamo. Es más, nos ponen una audiencia el día 16 de junio, el último día de la conciliación. Legalmente estamos amparados dentro del marco de la huelga», argumentó con firmeza.
Colapso edilicio: el antecedente de la Escuela 197
Desde ATE remarcaron que el alto nivel de acatamiento registrado en el sector educativo responde al hartazgo de los auxiliares y docentes por el estado de las estructuras. Como muestra de ello, Alaniz hizo foco en un grave incidente reportado en las últimas horas: la explosión de una caldera en el edificio de la Escuela N.º 197.
«Eso nos da la razón. Como dijimos, no venimos solamente a pedir aumentos; venimos a pedir cumplimientos y condiciones dignas de trabajo. En ninguna de las instituciones del Estado se trabaja en las condiciones adecuadas», fustigó el dirigente.
Añadió que la desidia oficial se comprueba fácilmente al revisar el sistema estatal de incidencias, donde constan pedidos de arreglos urgentes que arrastran más de un año de demoras en todo el territorio provincial. «Queremos condiciones no solamente para nuestros afiliados, sino también para toda la comunidad educativa. Todos tenemos un hijo, conocido o nieto en alguna escuela y queremos que estén seguros en ese espacio de protección», sentenció.
El frente de Salud: crisis y deudas en el Hospital Regional
Finalmente, el abogado de la Comisión Directiva detalló que la unificación de reclamos estatales sumó el acompañamiento de agrupaciones de autoconvocados y de los trabajadores de la salud pública, quienes atraviesan un panorama crítico.
Según describió, la crisis social y la ola de despidos del sector privado provocaron que el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia sufriera un incremento exponencial en la demanda de atención médica por guardias y emergencias. Esta sobrecarga laboral absorbe al personal sanitario en un marco de precarización salarial.
«Tienen magros sueldos con los que tampoco llegan a fin de mes. Además, se les adeuda el pago de un arancelamiento hospitalario que debió liquidarse a principio de año; estamos a mitad de año y seguimos reclamando para que se abone», criticó Alaniz. Concluyó rescatando el rol de los operarios de la salud: «Las condiciones laborales en el Hospital Regional son lamentables. La gente pone mucha vocación para poder continuar asistiendo a todas las personas que llegan».
