El juez Julián Ercolini rechazará la venta del Grupo Indalo, como lo hizo a fines del año pasado. ¿Los argumentos? El más fuerte será que nadie explica (durante la operación de compra-venta) cómo se pagará la deuda de $ 17.000 millones con el principal acreedor: la AFIP.
Además, tendrá en cuenta las críticas del fiscal Gerardo Pollicita y de los veedores judiciales, junto al rechazo expresado por el fisco.
En la semana donde la Sala I de la Cámara Federal porteña decidirá si corresponde otorgarle la excarcelación o no, a Cristóbal López y a su socio Fabián De Sousa, el juez Julián Ercolini que los procesó y detuvo por defraudación al Estado, resolverá el rechazo definitivo a la venta del Grupo Indalo.
El holding se compone de 170 compañías; un crecimiento exponencial ya que a 2003, López sólo contaba con una docena de empresas. Desde octubre del año pasado, junto a su socio De Sousa, busca desprenderse del Grupo y realizar una transferencia de acciones a favor de OP Investiment, propiedad de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.
La Justicia no confía en el plan estratégico que presentaron ambos empresarios. El juez Ercolini es quien tiene la llave para la operación. Él dictó una inhibición general de bienes sobre Indalo que impide cualquier operación de venta.
Al analizar las presentaciones de la AFIP en su carácter de denunciante y querellante en la causa por defraudación, de los veedores judiciales y del fiscal Pollicita, el juez Ercolini rechazará la venta del conglomerado empresarial en los próximos días.
Para la justicia, no hay «precisiones sobre cómo se hará frente a la millonaria deuda con el fisco», es decir, con el Estado. López y De Sousa durante el último gobierno de Cristina Kirchner dejaron de pagar con la petrolera Oil Combustibles SA, el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) generando una deuda de $ 8.000 millones (que a la fecha asciende a $ 17.000 millones contabilizando intereses y punitorios).
“Lejos de contener una propuesta seria y documentada de cómo se instrumentará un plan de negocios en el quienes adquieran la propiedad del Grupo Indalo, evidenciarían una ingeniería societaria legal compleja tendiente a lograr adquirir las empresas del grupo y sus bienes a un valor simbólico y obtener así los máximos beneficios posibles trasladando los riesgos a terceros en particular al Estado nacional”, remarcó en su rechazo el fiscal Pollicita.
En esta misma línea, el juez sostendrá que no hay «garantías» sobre cómo se afrontará la deuda con la AFIP y que durante la operación «el valor patrimonial de las compañías, que son la garantía frente al Estado, disminuya».
En este escenario, el rechazo de la AFIP y de los veedores tienen peso igual en la decisión del magistrado. «Ya con uno en disidencia es difícil, pero hay unanimidad en oponerse a la venta», indicaron fuentes judiciales. Al margen de eso, Ercolini ya sostuvo en su momento que observó «tendencias a insolventar sobre todo a Oil Combustibles», el principal activo del Grupo.
En esta oportunidad aportando nuevos datos como la nueva deuda generada por los administradores (OP Investiment) de $ 875 millones con la AFIP -otra vez por no pagar el ITC-, las críticas a la actual administración del fisco que sostiene que la situación del Grupo «ha empeorado en los últimos meses», como los anticipos de honorarios por encima de los $ 5 millones que cobró Rosner y Dellatorre (cada uno), como las dudas sobre OP creada posterior al acuerdo de venta entre López y Rosner, Ercolini no levantará la inhibición de bienes.
Así, la operación de venta quedará frustrada. Desde OP señalaron, ante la consulta de Clarín, que frente al inminente rechazo de la operación buscarán «atender las objeciones del juez con respecto a la propuesta y presentar una que cumpla con los requisitos que se consideren necesarios».
Sin embargo, desde la defensa de Cristóbal López -a cargo de Carlos Beraldi- señalan al igual que los veedores que la empresa OP puede ser el administrador sin adquirir la tenencia de las acciones pues sólo aportan «el capital de administración» y que como tales, «no es necesaria una transferencia de la tenencia accionaria».
Este criterio es analizado por el empresario K preso desde el 19 de diciembre.
