“Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y gas”, advirtió el gobernador provincial, Ignacio Torres, ayer en una puja de poder entre la provincia y el Gobierno nacional por la deuda de este último con Chubut por más de 13.500 millones de pesos de fondos coparticipables. Pero el conflicto no inició ayer: la pelea entre Torres y Milei tiene un mes de antigüedad, generada en torno no solo de la coparticipación, sino también de los recortes en fondos educativos, de transporte y la deuda de la provincia de Chubut con el Estado nacional.
La pelea explotó hace menos de 48 horas con un comunicado de Torres, con la firma y apoyo de los otros cinco gobernadores patagónicos, donde reclamó que Nación le debe más de un tercio de los fondos de coparticipación que le corresponden a Chubut. Así se ganó el apoyo de, en total, 21 gobernadores de diferentes signos políticos. Aún así, eso no impidió una respuesta del presidente Javier Milei, que aseguró que “la casta ha arruinado la vida a los argentinos”. Detrás de los cruces por X (exTwitter) y declaraciones radiales, se esconde una pelea alrededor de las transferencias discrecionales, la deuda y el dominio de la provincia sobre su producción de gas y petróleo.
A fines de enero, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que recortaría las partidas provinciales si algunos incisos de la ley ómnibus no se aprobaban en el Congreso. Desde entonces, la motosierra impactó directamente sobre “Nachito [Torres] y sus cómplices” -términos que usó Milei para referirse a los gobernadores provinciales- y, en específico, sobre las transferencias discrecionales.
Nación dejó de enviar fondos para la educación, especialmente el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) -que cubre entre el 10% y 15% de los salarios docentes en el país-, el Fondo de Compensación Salarial Docente -que busca asistir a aquellas provincias que no pueden llegar a los valores del salario mínimo de los educadores, entre ellas se encuentra Chubut- y otros fondos dedicados a Material Didáctico, Conectividad e infraestructura.
Para el transporte, el Gobierno no envió el Fondo Compensador al Transporte Público, que brinda ayuda económica a las provincias para sustentarlo. A partir de ese accionar, Torres presentó una medida cautelar para suspender la decisión de Nación, que le fue otorgada por la Justicia federal de Rawson. Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue el no envío de más de un tercio de los fondos de coparticipación mensual. En el comunicado de ayer, Torres reclamó por $13.500 millones que el Ministerio de Economía “retuvo ilegalmente” en febrero. Para el gobernador, su no apoyo a la ley ómnibus y la presentación de la medida cautelar son las causas de la “revancha” de Milei sobre él.
LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 23, 2024
Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.
En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente… pic.twitter.com/Qq2mJcW3W8
Aún así, la deuda de Chubut con el Estado nacional también es un factor de conflicto. “La deuda de la Provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial al 29/02/2024 asciende a la suma de $119.091.257.332,36. El Gobierno de la Provincia de Chubut no presentó ningún pedido de cancelación de la deuda”, escribió Caputo. Fue una advertencia también dirigida a otros gobernadores: agregó que “hay 10 provincias que tienen deudas con el Fondo Fiduciario”.
Sin embargo, el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, desmintió al ministro. Afirmó que en diciembre el gobierno provincial solicitó refinanciar las cuotas de diciembre y enero 2024 y, en febrero, solicitó la cancelación de la totalidad de la deuda “sin que hubiese contestación, ya que la intención es ahogar financieramente a la provincia”.
En este contexto es que surge la amenaza de Torres de no entregar petróleo ni gas al resto del país. Eso le ganó una respuesta del ministro del Interior, Guillermo Francos, en Radio Mitre: “Podrá amenazar si quiere, concretar su amenaza, pero tiene que someterse a la ley. No tiene ninguna capacidad, facultad ni derecho para cortar el suministro de petróleo, que lo hacen empresas privadas, que va por oleoductos privados y al puerto. Salvo que lo haga por la fuerza y ahí estaría cometiendo un ilícito, pero no creo que sea su intención”.
Chubut es la segunda provincia que más produce petróleo en el país y la quinta de gas, aunque su relevancia está puesta en el petróleo crudo que es pesado, de bajo contenido en azufre, y de difícil reemplazo hoy por otras provincias productoras de petróleo. Aunque los recursos son de Chubut desde 1955 -cuando el petróleo se provincializó y dejó de ser del Estado nacional-, estos están concesionados a terceros. Esto significa que la provincia tiene un dominio original sobre los recursos del subsuelo pero que, una vez que son extraídos de la boca de pozo por las empresas productoras, estos son propiedad de las mismas.
Es decir, la explotación está sujeta a empresas privadas que se encargan de extraer el petróleo y enviarlo a las refinerías y, por ende, tienen disponibilidad y libre comercialización racional sobre lo que producen. También se debe tener en cuenta la Ley de Hidrocarburos, que fue planteada inicialmente para contextos de escasez de energía en el territorio nacional. La Ley 17.319 establece que la exportación de petróleo se permite solo si las necesidades del mercado interno fueron satisfechas.
