A través del Decreto 198/2024, el Ministerio de Capital Humano decidió reemplazar Potenciar Trabajo con los programas «Volver al Trabajo«, (destinado a fortalecer la economía popular) y «Acompañamiento Social«, (enfocado en promover la inclusión social). Informó El Cronista.
Según especificaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, el monto de la acreditación se mantendrá en $ 78.000, aunque habrá ciertas modificaciones en pos de recomponer las «ineficiencias» presentadas anteriormente.
Volver al Trabajo: ¿Cómo funcionará y cuáles son las diferencias con el Potenciar Trabajo?
En el escrito presentado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno sostuvo que el propósito del nuevo programa es «promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de la Economía Popular».
El mismo dependerá de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y tendrá como finalidad «desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral».
En este sentido, destacaron que incluirá su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.
¿Cuáles son las nuevas normativas?
Una de las diferencias que tendrá el nuevo programa es que los titulares podrán compatibilizar la asistencia con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), es decir $ 540.0000, para quienes se encuentren contratados formalmente.
Anteriormente, se anulaba la posibilidad de acceder al programa en el caso de contar con hasta un SMVM, lo cual, para el Gobierno «desincentivando, en la práctica, la búsqueda de trabajo formal».
Por otra parte, desde la cartera indicaron que se anulará la participación de intermediarios y que «los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios».
En última instancia, se eliminó la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión. El fin es disminuir la influencia que podrían llegar a ejercer sobre los titulares del programa.
«Lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia», denunciaron con respecto a la intermediación, y aseguraron que esto solo «ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración».
