“IPV Chubut 40 años y… dentro de la ley casi nada, fuera de la ley casi todo”, titula Luis A. Dupuy en su descripción sobre la actualidad del ente de vivienda provincial, en una dura crítica hacia el manejo del mismo.
En su mensaje, Dupuy recuerda que esta semana se cumplen 40 años de la fecha de creación del IPV Chubut. La institución que fuera pensada por los legisladores hace cuatro décadas atrás, con propósitos tales como planificar y realizar la construcción de viviendas, tanto urbanas como rurales, para su venta o arrendamiento especialmente a familias de limitados recursos económicos.
La Ley fue sancionada el 25 de Enero de 1974, dice en su Art. 1° que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano será una entidad de derecho público, con capacidad para actuar privada y públicamente de acuerdo con lo que establezcan las leyes generales de la Provincia y las especiales que afecten su funcionamiento.
El IPV es una entidad autárquica que funciona bajo el control del Poder Ejecutivo. Según la Ley XXV – N°5, cual es la denominación dada por el Digesto Jurídico del Chubut, en reemplazo de su número original que era Ley 1134, el IPV debería procurar mediante estímulos, asesoramiento, franquicias y créditos, la construcción particular de viviendas económicas.
El IPV tiene entre sus funciones específicas el propender al saneamiento y renovación de la Vivienda Popular. Administrar el conjunto de casas individuales agrupadas en barrios o colectivas que el Estado Provincial haya entregado o entregue en arriendo o en comodato.
La ley que creó al IPV dice por ejemplo que la entidad debe contribuir, mediante el uso de talleres del Estado, a abaratar costos de obras, acopiando y proveyendo carpintería de obra blanca, herrería y carpintería de taller, sobre planos tipos de ejecución en serie.
También que se debe promover la utilización de materiales de origen provincial para la construcción de los barrios de vivienda que licite. Y que el IPV promoverá la contratación de mano de obra de la localidad donde se ejecute el barrio de viviendas.
Dice en otro de los artículos que por intermedio de sus secciones técnicas, el IPV debería estudiar en forma permanente el empleo de materiales de la región aptos para construcción, tendiendo a eliminar costos de transportes y gastos complementarios.
La ley XXV – N° 5 le permite al IPV disponer la adquisición de tierras que necesite para construir conjuntos habitacionales, individuales o colectivos, destinadas a la venta, arrendamiento y entregarlas en comodato. Contribuir a la urbanización científica de las localidades y villas existentes y a la formación de nuevas poblaciones.
El Instituto debería según la ley Disponer por medio de planes racionales la construcción de viviendas para ser otorgadas en arrendamiento, con o sin opción a compra, en comodato o a venderlas a personas no propietarias.
Está autorizado el organismo a establecer un sistema de adjudicación y planes de amortización de viviendas a otorgarse en venta, así como también sistema de cánones en los arrendamientos con o sin opción a la compra. Puede conceder préstamos, dentro de los planes que se instrumenten, para la construcción de casa-habitación a personas que no las posean o para el mejoramiento de la vivienda familiar.
El IPV puede solicitar del Poder Ejecutivo la expropiación de los inmuebles que estime necesarios para construcción de viviendas y de aquellos que sean aptos para loteos, lo que serán parcelados y vendidos a los beneficiarios de esta Ley, de acuerdo con el espíritu de la misma, al contado o a plazos y al precio de costo real más los gastos realizados y calculados, hasta la adjudicación.
“Dentro de la Ley, todo. Fuera de la Ley, nada”.
Juan Domingo Perón
En el IPV Chubut desde hace muchos años está instalada y reina la corrupción. Pareciera ser que la constante es “dentro de la ley casi nada, fuera de la ley casi todo”.
El artículo 29° de la ley XXV – N° 5 dice:”El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de un concurso público procederá a contratar anualmente una auditoría externa, cuyos resultados serán publicados en el Boletín Oficial”.
No hace falta aclarar que esta auditoría externa no se cumple. Existe una auditoría de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que se limita a auditar solo lo que incumbe a los fondos que envía el Estado Nacional.
Las irregularidades enquistadas en el IPV en estos cuarenta años de existencia, han permitido que algunos pocos empresarios y funcionarios ganen fortunas con la entidad, y que miles de personas se beneficiaran con viviendas obtenidas por tráfico de influencias, es decir corrupción.
El IPV Chubut es uno de los organismos del Estado, sobre el que más sospechas de corrupción existen desde hace muchos años. En la provincia todavía somos pocos y nos conocemos, comentaba un experimentado periodista radial hace unos días, y es cierto la mayoría de los habitantes del Chubut conocemos historias de personas que han conseguido una vivienda del IPV y que no la merecían.
Pero esta es una parte de lo que pasa en el IPV. Un ente del Estado que maneja mucho dinero y cuyos números no se conocen públicamente. Un IPV que paga lo que no debe y que no cobra lo que corresponde. Donde solo el sesenta y cinco (65 %) por ciento de los adjudicatarios paga las cuotas de sus viviendas. Y hasta hace unos pocos años atrás aún era mucho menor el recupero de cuotas.
El IPV Chubut es una cuasi inmobiliaria, comentó hace un tiempo un agente que lleva más de quince años trabajando. Hay miles de adjudicatarios que pagan cuotas inmorales que no superan los cien (100) pesos mensuales, y hay centenares de casos de personas que podrían pagar las cuotas estipuladas pero por amiguismo político han conseguido financiamiento especial.
Esto ocurre en el IPV Chubut porque quienes tienen que controlar miran para el costado, seguramente porque las complicidades se entrelazan entre políticos y funcionarios de diferentes orígenes, actuales y anteriores, de los tres poderes del Estado, sean del Ejecutivo, Justicia o Diputados.
El IPV Chubut cumple 40 años de existencia. Más allá del pesado manto de sospechas de corrupción institucionalizada, es justo el reconocimiento a los honestos agentes, que también los hay. A ellos, quienes quizás mejor que nadie saben que lo que se plantea en esta columna es cierto, nuestro cordial saludo.
