El anuncio de la reciente firma de un acuerdo de paz social entre el Municipio de Comodoro Rivadavia, los sindicatos petroleros provinciales y Pan American Energy es, por donde se lo mire un buen augurio para el futuro económico de la región.
De consolidarse este pacto inicial con la participación del gobierno provincial y otros actores centrales de la vida económica y social, el Golfo San Jorge podría convertirse en el escenario de un proceso de concertación que sirva de ejemplo a muchas otras regiones del país, donde los niveles de conflictividad amenazan con retrotraer los avances de los últimos años a niveles muy por debajo de los que precipitaron al país en la crisis del 2001.
Lo más interesante del proceso de concertación que parecerían intentar hoy empresarios, trabajadores y poderes públicos es, sin duda, el reconocimiento de que la paz social es una precondición para acuerdos mayores como los que requiere un desarrollo sostenible en el largo plazo. En las economías modernas, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. De allí que reconocer a la paz como un objetivo primario asumir que sin paz no hay desarrollo y sin desarrollo tampoco puede haber paz ni concordia social, en el sentido más profundo de la expresión.
La región viene de varios años de conflicto social que han socavado las posibilidades de un futuro consensuado. Baste recordar la ocupación de Cerro Dragón del año 2012 -un episodio oscuro del que carecemos todavía de una explicación judicial definitiva- cuyos costos sociales siguen gravitando sobre el balance económico y social de la región.
Durante la negociación del acuerdo recientemente firmado trascendió que durante el 2013, PAE sufrió 150 interrupciones parciales o totales de actividades en el yacimiento. De haberse alcanzado antes una tregua social como la que ahora se busca, los yacimientos habrían crecido en su producción un 5% más que en diciembre 2012. Sin contar, por supuesto los costos directos e indirectos derivados de aspectos tales como la baja en el rendimiento del personal y de los equipos, las tasas elevadísimos de ausentismo, la ruptura de las cadenas de producción, la discontinuidad de los procesos de capacitación y, sobre todo, la utilización del conflicto laboral como canal de presiones y exigencias de tipo político y social, ajenas por completo al marco de relaciones contractuales y fuera de la competencia y capacidad de las empresas, gremios y autoridades intervinientes.
A ello se suma la generalización de la acción directa como metodología de lucha y reivindicación social, emergente de situaciones de crisis política u social, al interior incluso de las organizaciones políticas y sociales que cristalizan en cortes de ruta, piquetes, huelgas y ocupaciones ilegales.
El debate sobre los costos económicos y financieros directos e indirectos de la discordia y el conflicto queda para los especialistas. Interesa por ahora consignar su impacto sobre el trabajo, la producción, la calidad de vida y el futuro de quienes sufren las consecuencias del conflicto social. Baste considerar que, según las mismas fuentes allegadas a la reciente gestación del acuerdo, la pérdida en concepto de regalías no percibidas por la provincia, llegaría a los U$S 100 millones. Una suma que por sí misma obliga a todos a un consenso urgente que proteja la más importante de todas las herramientas para la construcción del futuro.
Abogar por la paz social no implica una pretensión utópica de eliminar el conflicto social o de cuestionar la defensa legítima de los derechos por medio los recursos reconocidos por la Constitución. Implica, sobre todo, llegar a un acuerdo de fondo acerca del alcance y los limites en el ejercicio de los derechos. En este sentido, la aceptación de un principio de sacrificio compartido que prescriba el abuso en el ejercicio de los derechos y afirme el interés superior de la comunidad es un buen principio, que debe ser explorado a fondo por parte de quienes tienen hoy la responsabilidad de proteger los logros de una etapa de realizaciones sociales y de garantizar su continuidad hacia el futuro. En este mismo sentido, el diagnostico y el reclamo de la Presidenta de la Nación a la Asamblea Legislativa debe ser interpretado como un paso en la buena dirección.
