El bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados pidió una reunión con el embajador del Reino Unido en Buenos Aires, David Cairns, y presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el tránsito del patrullero oceánico HMS Medway de la Royal Navy por aguas bajo jurisdicción argentina.
El episodio ocurrió entre el 4 y el 5 de julio, cuando el buque británico zarpó desde Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, y llegó al puerto de Punta Arenas, en Chile.
Los diputados Guillermo Michel, Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos, Moira Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz expresaron su preocupación por la navegación del HMS Medway durante su trayecto hacia Chile.
Además, Michel y el resto de los legisladores presentaron un pedido de informes en la Cámara baja dirigido al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, para que el Gobierno explique qué información tenía sobre el desplazamiento del patrullero británico. También solicitaron que se informe si el Reino Unido notificó previamente la navegación, tal como establecen los acuerdos suscriptos entre ambos países en 1990, tras la reanudación de las relaciones diplomáticas interrumpidas por la guerra de 1982, y si el Ejecutivo prevé presentar un reclamo diplomático.
Entre los puntos incluidos en el pedido de informes figuran si el tránsito del buque se ajustó a los convenios vigentes entre la Argentina y el Reino Unido; qué actuaciones realizaron la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa y la Cancillería una vez detectado el desplazamiento; y qué medidas están previstas para fortalecer el control y monitoreo de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y resguardar los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
Como fundamento de la iniciativa, los legisladores señalaron que distintas versiones periodísticas indicaron que “la Armada Argentina habría detectado el desplazamiento del buque sin que existiera una notificación previa, circunstancia que motivó la intervención de la Cancillería y el análisis de un eventual reclamo diplomático”.
Al mismo tiempo, advirtieron que “el Reino Unido sostiene que la navegación fue comunicada oportunamente mediante los canales correspondientes”, lo que, según afirmaron, genera “versiones contradictorias sobre un hecho de significativa relevancia institucional por el ejercicio soberano de nuestra patria”.
Michel y el resto de los diputados sostuvieron que el Congreso debe ejercer su función de control sobre el Poder Ejecutivo y conocer con precisión cuáles fueron las actuaciones de las autoridades nacionales frente a un episodio que, señalaron, involucra la defensa de la soberanía argentina y la protección de los intereses estratégicos del país en el Atlántico Sur.
El pedido de informes deberá ser tratado por la Comisión de Defensa y, si obtiene dictamen, será sometido a votación en el recinto de la Cámara de Diputados.
Citación al ministro de Defensa
En paralelo, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, junto con el diputado Agustín Rossi, presentó un pedido para que el ministro de Defensa, Carlos Presti, brinde explicaciones e informes verbales sobre la desafectación de inmuebles bajo la órbita de esa cartera, incluidas las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados.
En la iniciativa, los diputados señalaron que los bienes inmuebles de Defensa poseen características particulares por su ubicación, dimensiones, infraestructura instalada y valor estratégico, lo que los diferencia de otros activos del Estado.
Como ejemplos mencionaron la desafectación, durante el primer semestre de 2026, de inmuebles pertenecientes al Ejército Argentino en las ciudades de Neuquén, La Plata y Corrientes, además de un inmueble de la Armada Argentina en Ushuaia, Tierra del Fuego.
Los firmantes recordaron que en marzo pasado presentaron otro proyecto para preservar los bienes inmuebles del Estado nacional que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, incluidas las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados.
Martínez y Rossi sostuvieron que existe una contradicción en la política de defensa del Gobierno de Javier Milei. “Mientras se afirma públicamente que se busca fortalecer a las Fuerzas Armadas, incluso anunciando que un porcentaje de los ingresos por privatizaciones será destinado a la compra de equipamiento militar, simultáneamente se avanza en la venta de los inmuebles que hacen posible su funcionamiento”, señalaron. Y agregaron que esa situación “resulta manifiestamente contradictoria con las políticas implementadas por el Gobierno nacional, que promueven la venta de bienes inmuebles bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa, sus organismos descentralizados y las Fuerzas Armadas”.
Los legisladores también vincularon la iniciativa con el contexto internacional. Sostuvieron que, en un escenario atravesado por conflictos armados y crecientes tensiones geopolíticas, como las que se registran en Medio Oriente, “los Estados se orientan a fortalecer sus capacidades militares, preservar sus activos estratégicos y ampliar su infraestructura de defensa”. En ese sentido, afirmaron que “nuestro país, en cambio, avanza en sentido contrario, debilitando infraestructura estratégica de defensa y comprometiendo el patrimonio nacional”.
El proyecto también deberá ser analizado por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, presidida por el libertario Carlos Zapata.
