En las últimas horas, el diario La Nación se hizo eco de una situación vinculada a la causa que investiga la persecución al Grupo Indalo, ocurrida durante el mandato del ex presidente Mauricio Macri, según publica Minuto Uno.
A través de una nota publicada con el título de «Por olvidarse de «Pepín», Cristina Kirchner puso la mira sobre dos vicepresidentes de una importante empresa», el medio gráfico señala algunas cuestiones que resultan centrales en el tema, pero omite otras que merecen un mayor grado de detalle, siempre vinculado al desapoderamiento de activos de la empresa Oil Combustibles en particular.
Siguiendo ese contexto y hacia una primera aproximación, quizás es importante cotejar lo mencionado por LN y lo que consta en la causa que tramita en el Juzgado Federal Nro. 1, a cargo de la Dra. María Servini, pero también comenzar a preguntarse por el rol que parece desempeñar la actual dirigencia de YPF, con dos de sus vicepresidentes investigados: Germán Vito Fernández Lahore, VP de Asuntos Jurídicos de la compañía, y Santiago Martínez Tanoira, VP de Gas y Energía.
Sobre esto, en la nota de La Nación, indica que «dos altos directivos de la petrolera YPF quedaron en la línea de fuego del kirchnerismo”, y, refiriéndose a la investigación antes mencionada aclara: “Todo por un escrito. O mejor dicho, por un nombre no escrito”.
Lahore, Tanoira y la presidencia de YPF
Se referencia -en la nota de La Nación-, la existencia de un escrito presentado en diciembre pasado “sobre las actuaciones de los vicepresidentes de YPF Germán Vito Fernández Lahore, de Asuntos Jurídicos de la compañía, y Santiago Martínez Tanoira, de Gas y Energía”.
“En el escrito se sostiene que la decisión de revisar los números de Oil Combustibles fue una directiva del CEO anterior de la compañía, Miguel Ángel Gutiérrez”, dice LN.
«El problema para Tanoira y Lahore fue que el kirchnerismo descubrió que, en el escrito, cuando se refieren al Comité de Compliance de la compañía, el grupo que debía velar por el cumplimiento de las normas, se evitó nombrar a quien entonces lo presidía: Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el asesor judicial de Macri”, continúa el artículo.
Y agrega: “Esa omisión enfureció al oficialismo, que quiere ver a Rodríguez Simón complicado judicialmente. El revuelo, según aseguran, llegó a los oídos de la vicepresidenta Cristina Kirchner”, al tiempo que agrega: “la convicción en el kirchnerismo es que Tanoire (sic) y Lahore lo protegieron a través del escrito. Y que la omisión del nombre de Rodríguez Simón en el documento presentado ante la jueza Servini estuvo lejos de ser casualidad”.
Incluso se aclara que “Actualmente, Pepín Rodríguez Simón permanece en Uruguay, pese a los requerimientos judiciales, con el argumento de que el kirchnerismo le armó causas para detenerlo. La vicepresidenta lo apunta por las denuncias que proliferaron en su contra durante el gobierno anterior”.
Persecución y encubrimiento
En el marco de la investigación en el proceso de persecución y desapoderamiento de activos de la empresa Oil Combustibles en particular y Grupo Indalo en general, y ante el cúmulo de indicios que se obtuvieron de dicho proceso judicial, lo concreto es que emergió la imputación a YPF S.A. como partícipe de la organización que llevó adelante del proceso de persecución y desapoderamiento de activos de la sociedad Oil Combustibles.
Igualmente, si bien el Juzgado Penal Federal Nro.1 le solicitó de manera reiterada a la actual dirigencia de YPF S.A. las explicaciones y el material respaldatorio que justificara la participación de esa misma petrolera en el proceso de decisiones que la empresa adoptó en el periodo concursal y de quiebra decretada de Oil Combustibles, éste solo obtuvo respuestas que fueron parciales e incompletas, en forma concomitante con demoras en las respuestas, además de no aportar documentación que debería tener una compañía pública.
La venta de activos de Oil a precio vil
Huelga mencionar que, como ya se ha señalado en numerosas oportunidades y con grado de detalle en este medio, cómo fue toda la operación macrista en la que intervino la entonces cúpula de YPF. La justicia investiga a Fernández Lahore y Martínez Tanoira por haber sido supuestamente parte de las maniobras para que la gestión macrista de YPF se apodere a “precio vil” de los activos de Oil Combustible, empresa que fue víctima de persecución por cuestiones políticas y sometida a una asfixia financiera con el fin de quebrarla.
En esa maniobra fue clave también el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ariete judicial de Macri para sus gestiones más oscuras.
Precisamente relacionado con esto último, el juzgado investiga también al abogado externo de YPF en esos años, el Dr. Marcelo Rufino, ligado al aún prófugo de la Justicia argentina “Pepín” Rodríguez Simón, quien cobró miles de dólares de honorarios de la petrolera estatal YPF por supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento, especialmente por la venta de los activos petroleros de la firma Oil Combustibles que terminaron siendo rematados, se sospecha, a “previo vil”.
Inconsistencias en las respuestas de YPF
La confirmación de esta maniobra está siendo analizada por la jueza Servini pero la documentación aportada ahora por YPF está plagada de faltantes e inconsistencias.
En rigor, en el último requerimiento efectuado por el Juzgado interviniente, además de requerir información de manera repetitiva a los anteriores requerimientos, solicitó al presidente de YPF, expresamente, que aparte de las respuestas que debe dar la empresa a los funcionarios de la sociedad, actualmente VP de la sociedad, -German Vito Fernández Lahore- y -Santiago Martínez Tanoira-, ya que los mismos habían estado involucrado en las respuestas ofrecidas por YPF y de estas se traslucía el carácter absolutamente obstruccionista en la búsqueda de la verdad de la intervención de YPF en el proceso de persecución y desapoderamiento de Oil Combustibles.
El último 22 de diciembre, YPF responde al juzgado en nota sin firma alguna y basado en manifestaciones de las personas que fueran apartadas del proceso de investigación (Lahore y Tanoira) sin evidenciar si eso surge de un instrumento formal de la empresa, previo a la solicitud de apartamiento del Juzgado.
Está claro que, en caso contrario, mostraría una clara violación de la instrucción recibida judicialmente por el Presidente de la sociedad, -Pablo González-, y dejaría al descubierto el plan de encubrimiento que la sociedad mantiene sobre el hecho investigado).
¿Y la participación de “Pepín” Rodriguez Simón?
Al margen de esto último, en esa respuesta de YPF no se menciona el rol del Comité de Compliance de la firma.
Sin embargo, la petrolera estatal, indicó oportunamente que, desde mayo de 2016, el directorio de la compañía había autorizado la contratación del Dr. Rufino, a requerimiento del Comité de Compliance -el cual se constituyó en abril de 2016-, casualmente en forma concomitante con la exteriorización del proceso de persecución a Grupo Indalo y sus accionistas.
Se trata de un dato que no resulta menor, pues el denominado Comité de Compliance se encontraba presidido nada menos que por el imputado Rodríguez Simón, quien tuvo un rol protagónico en la persecución del Grupo Indalo. Debido a esta sospecha, es que la Jueza Servini dispuso -hace casi 3 años- la orden de detención de Rodríguez Simón y requirió su extradición a la República Oriental del Uruguay, donde el rebelde se oculta.
¿Pueden los funcionarios responsables de la compañía abstraerse del proceso de colaboración de información requerido por la justicia, y de esta manera ser cómplices activos o pasivos del proceso de encubrimiento que se hace desde YPF S.A. con la justicia?
En el proceso de desinformar a la justicia, demorar los plazos para la búsqueda de la verdad, ¿puede la compañía no informar que quien fue uno de los principales responsables de los supuestos hechos delictivos, es quien está prófugo de la causa que investiga el hecho?
