El Gobierno minimiza las advertencias sobre las dificultades que podría enfrentar Estados Unidos para asistir financieramente a la Argentina después de la derrota electoral de Donald Trump, pero prevé mayor incertidumbre durante las elecciones presidenciales de 2027. En la Casa Rosada descartan que el respaldo de Washington esté en riesgo y sostienen que la estabilidad económica depende principalmente de las decisiones del país, aunque reconocen que el mandatario republicano podría contar con menos margen político para impulsar una nueva intervención del Tesoro.
En Presidencia le restan relevancia a las declaraciones de Gary Litman, vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Consideran que el dirigente empresarial no tiene participación en las decisiones financieras de Washington y que sus planteos no modifican las expectativas del Ejecutivo sobre la continuidad del respaldo bilateral. En Balcarce 50 evitan otorgarles mayor peso político a sus advertencias.
La posición se diferencia de las evaluaciones que mantienen en otras áreas del Gobierno. En el Gabinete sostienen que la evolución económica argentina depende, ante todo, de las políticas nacionales y no de una eventual asistencia externa. En esa línea, el oficialismo busca separar la continuidad de la alianza estratégica con Estados Unidos de la posibilidad de recurrir nuevamente a mecanismos extraordinarios de financiamiento.
Litman advirtió durante el Foro Abeceb que la derrota republicana podría limitar la capacidad de Washington para asistir a economías en dificultades. Sostuvo que, con un Congreso dividido, las decisiones podrían demorarse y disminuiría la disposición política a utilizar el Fondo Monetario Internacional u otros mecanismos de rescate. Su planteo se produjo después de que los demócratas consiguieran el control de ambas cámaras del Congreso, cuya nueva composición asumirá el 3 de enero de 2027.
En Nación también rechazan que la Argentina se encuentre en la situación económica planteada por el directivo estadounidense. Argumentan que el país no atraviesa una crisis y atribuyen esa condición a las medidas aplicadas por la administración de Javier Milei. Sin embargo, en el Ejecutivo no descartan que el calendario electoral de 2027 genere nuevas tensiones sobre el mercado cambiario, aunque evitan anticipar una crisis o un movimiento determinado del dólar.
La discusión adquirió mayor relevancia por la suba del riesgo país, que este jueves superó los 900 puntos básicos. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a ubicarse en torno de las 915 unidades durante la rueda, mientras los bonos soberanos argentinos registraban caídas que en algunos casos superaban el 3%. El movimiento profundizó el deterioro de las últimas semanas y volvió a alejar las perspectivas de recuperar el acceso al financiamiento internacional a tasas sostenibles.
El riesgo país había terminado septiembre en 607 puntos básicos y cerró octubre en 787 unidades. La nueva escalada coincidió con la reacción de los mercados a los resultados de las elecciones estadounidenses y con las dudas sobre el margen de maniobra de Trump durante los últimos dos años de su mandato. En la Casa Rosada mantienen la expectativa de que la volatilidad internacional sea transitoria, aunque el comportamiento de los títulos argentinos agrega presión sobre las condiciones financieras locales.
Uno de los principales interrogantes es si el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, conservará las condiciones políticas necesarias para volver a utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) en respaldo de la Argentina. En el Gobierno remarcan que la intervención realizada durante 2025 no requirió una autorización legislativa específica. Por esa razón, consideran que la nueva composición del Congreso no representa necesariamente un impedimento legal para repetir una operación similar.
La evaluación es diferente cuando se analiza el escenario político estadounidense. En Balcarce 50 reconocen que la administración republicana podría enfrentar mayores dificultades para justificar una nueva asistencia financiera a otros países después de la derrota electoral. La distinción pasa por las facultades legales del Departamento del Tesoro y el margen de negociación política que tendrá Trump frente a una oposición fortalecida en el Congreso.
El ESF es administrado por el Departamento del Tesoro y su utilización requiere la autorización del secretario del área y la aprobación del presidente estadounidense. La legislación vigente les otorga amplias facultades para operar con divisas y otros instrumentos financieros sin solicitar autorización previa al Congreso para cada intervención. No obstante, establece obligaciones de información y requisitos adicionales para determinados préstamos de mayor duración.
Los demócratas también cuentan con iniciativas legislativas destinadas a restringir futuras asistencias financieras a la Argentina. La senadora Elizabeth Warren presentó en octubre de 2025 un proyecto para prohibir el uso del ESF en operaciones de respaldo a los mercados argentinos. La propuesta fue remitida a la Comisión de Banca del Senado y no constituye una restricción vigente, aunque el cambio de mayorías podría facilitar su tratamiento. Trump conservará la facultad de vetar una eventual ley que limite esas herramientas.
En el Ejecutivo también mencionan la aprobación de una norma presupuestaria estadounidense como argumento para descartar riesgos sobre el respaldo de Washington. El Congreso aprobó durante 2026 una ley de financiamiento transitorio para el ejercicio fiscal 2027, que permite mantener operativos a los organismos federales hasta el 11 de diciembre. Sin embargo, esa disposición no equivale a una asignación específica de fondos para la Argentina ni garantiza una nueva asistencia del Tesoro.
La Casa Rosada apuesta a que la relación bilateral trascienda la cercanía política entre Milei y Trump. En el oficialismo sostienen que el Departamento de Estado considera estratégica la presencia estadounidense en el Atlántico Sur y que la cooperación con la Argentina responde a intereses de largo plazo. La posición coincide con el mensaje difundido este jueves por el embajador Peter Lamelas, quien ratificó que el compromiso de Washington se mantiene pese al cambio de mayorías legislativas.
En paralelo, el Gobierno busca acelerar los acuerdos pendientes con Estados Unidos y avanzar en compromisos comerciales, logísticos, tecnológicos y de suministros. Entre las prioridades figura el envío al Congreso argentino, durante noviembre, del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado en febrero. La estrategia también incluye profundizar programas de cooperación ya anunciados, como el aporte no reembolsable de US$15 millones para desarrollar un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad.
El Ejecutivo descarta que la derrota de Trump implique un cambio en el respaldo estratégico de Estados Unidos, pero reconoce que una nueva asistencia financiera podría enfrentar mayores condicionamientos políticos. En Presidencia minimizan las advertencias empresariales y en el Gabinete insisten en que la estabilidad del país debe sostenerse sobre sus propias políticas económicas. La prioridad será consolidar los acuerdos pendientes, mientras la Casa Rosada se prepara para un año electoral en el que prevé mayor incertidumbre.
