El gobierno de Macri había adjudicado 18 áreas a 13 petroleras en mayo de 2019, pero hasta ahora solo se convocó a una de las audiencias públicas para analizar el impacto ambiental. Si la demora persiste, las empresas podrían verse liberadas de desembolsar esos fondos.
La administración de Cambiemos adjudicó 18 áreas petroleras offshore para la exploración de hidrocarburos en mayo de 2019. Existe consenso en la industria a la hora de afirmar que fue una de las iniciativas más positivas de la gestión anterior, según publicó EconoJournal.
Logró captar el interés de empresas líderes del segmento a nivel internacional y en términos geopolíticos, comprometió cuantiosos desembolsos con la intención de generar valor sobre la plataforma continental, fundamentalmente en cuencas aledañas a las islas Malvinas. En total, 13 petroleras comprometieron una inversión de 724 millones de dólares.
La lista incluyó a ExxonMobil, Total, Shell, British Petroleum, Wintershall, Equinor, Qatar Petroleum, Mitsui, ENI, Tullow, Pluspetrol, Tecpetrol y la propia YPF. Sin embargo, la llegada de esos capitales y la realización de los proyectos offshore ahora están en duda porque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó solo a una de las audiencias públicas previstas y no aprobó ninguno de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que se requieren para iniciar las campañas de prospección sísmica, pese a que ya pasaron más de dos años desde la adjudicación.
Si la inacción oficial continúa, las empresas podrían verse imposibilitadas de desembolsar esos fondos. Por lo pronto, la demora de la cartera que encabeza Juan Cabandié ya ocasionó serios inconvenientes en la agenda operativa de las empresas en la contratación de servicios de prospección sísmica.
Qué dice la ley
La legislación argentina estable que todo titular de un permiso de reconocimiento superficial, permiso de exploración y/o concesión de explotación de hidrocarburos, o proponente de un proyecto offshore debe cumplir, previo a su ejecución, con el procedimiento de EIA y debe obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
La Resolución Conjunta 3/2019 de la secretaría de Energía y la entonces Secretaría de Medio Ambiente, del 26 de noviembre de 2019, aprobó los nuevos procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el ámbito territorial offshore ubicado a partir de las 12 millas marinas.
La norma establece que la Secretaría de Energía y la Secretaría Ambiente son autoridades de aplicación de la Resolución Conjunta y ambas participan en el procedimiento de EIA. La Secretaría de Ambiente es la encargada de la elaboración del Informe Técnico de Revisión Final, teniendo en cuenta las consideraciones hechas por la Secretaría de Energía, pero además es la encargada de emitir la DIA y disponer la aprobación de la realización del proyecto o su rechazo. Este medio intentó comunicarse con el secretario de Ambiente, Rodrigo Rodríguez Tornquinst, pero el funcionario no respondió ni los llamados ni los mensajes enviados. Desde el área de comunicación del Ministerio de Ambiente tampoco realizaron comentarios.
Internas y resistencias
El ministro Juan Cabandié, que llegó al cargo con el apoyo de una serie de entidades de defensa del medio ambiente que están en contra de cualquier tipo de actividad petrolera, no hizo prácticamente nada para avanzar con este tema en su año y medio de gestión. Hasta el momento, solo realizó una de las audiencias públicas previstas a raíz del pedido de Equinor para avanzar con la exploración sísmica en tres de los seis bloques que se adjudicó (CAN 100, CAN 108 y CAN 114).
La audiencia tuvo lugar a partir del jueves 1 de julio en un ambiente hostil en el que participaron más de 500 oradores, en su mayoría miembros de organizaciones ambientalistas que se manifestaron en contra de autorizar la actividad.
La Secretaría de Energía es la que debería haber defendido la conveniencia de que se lleven adelante estos proyectos que ya tienen inversiones garantizadas, sobre todo en un contexto en el que el gobierno argentino, por ejemplo, elabora un proyecto de ley de hidrocarburos con la intención de atraer inversiones petroleras. No obstante, el Director Nacional de Exploración y Producción, Nicolás Taiariol, quien estuvo presente en la audiencia, no habló en la audiencia.
A un mes de la audiencia de Equinor, todavía no hubo una resolución del gobierno. Fuentes del mercado aseguraron a EconoJournal que el tema no tiene prioridad y ven difícil que pueda haber novedades hasta después de las elecciones. De hecho, el gobierno no convocó a ninguna de las otras audiencias públicas que ya deberían haberse realizado.
