En un comunicado, se expidió de la siguiente manera: “ante las falaces versiones que se han difundido en los últimos días pretendiendo encuadrar como un caso de criminalización de la protesta a las detenciones llevadas adelante el pasado 10 de julio en la Unidad San José, Minera Santa Cruz SA informa:
Que Minera Santa Cruz SA es absolutamente respetuosa del derecho de huelga que le asiste a los trabajadores; no obstante, los acontecimientos violentos ocurridos en la Unidad San José entre el 8 y 10 de julio, que dieron lugar a la detención de 10 empleados de la empresa, son lisa y llanamente actos ilegales que nada tienen que ver con el legítimo ejercicio del derecho de huelga.
Que las aludidas detenciones se produjeron como consecuencia de denuncias presentadas por la empresa y, muy especialmente, por muchos trabajadores que resultaron víctimas de actos de violencia y amedrentamiento perpetrados por sus propios compañeros de trabajo, quienes llegaron al extremo de agredir mediante el uso irresponsable y temerario de equipos viales. Esos repudiables actos de violencia tuvieron por objeto forzar la adhesión a una medida de fuerza que, entre los días 8 y 10 de julio pasado, llevó adelante un grupo minoritario de trabajadores.
Que Minera Santa Cruz SA lamenta y repudia el accionar malicioso de algunos delegados y miembros de comisión de AOMA que, sistemáticamente, han mentido, ocultado información e impulsado a algunos trabajadores a actuar de manera irresponsable, al punto de llegar a amedrentar y hostigar a sus propios compañeros de trabajo.
Que reconforta saber que la amplia mayoría de trabajadores que se desempeñan en la Unidad San José, actuando con la sabiduría y responsabilidad que no mostraron algunos de sus representantes, han rechazado tal irresponsable proceder mediante acciones concretas como la no adhesión a los paros promovidos los días 8 y 15 de julio e, inclusive, con la formulación de denuncias judiciales por los hechos de violencia que sufrieron. Todo ello, constituye la prueba más acabada del descrédito al que han quedado sometidos aquellos delegados que se han manejado con mentiras y violencia.
