El juez Oyarbide ordenó procedimientos en 40 entidades gremiales por la investigación sobre adulteración de remedios; otro empresario fue detenido. Los operativos se realizaron en Capital, el conurbano bonaerense, Mendoza y Chubut.
La Justicia allanó anoche 42 obras sociales, entre ellas las de los camioneros, los docentes y los metalúrgicos, y detuvo a un empresario, en la megacausa de la llamada «mafia de los medicamentos».
Los operativos se realizaron en la Capital Federal, el conurbano bonaerense y las provincias de Mendoza y Chubut (más información página 40), señalaron fuentes del caso a la agencia DyN.
Así, el juez federal Norberto Oyarbide, que mantiene tras las rejas hace casi un año al líder sindical de los bancarios, Juan José Zanola, pareció dar otro fuerte golpe al corazón de los sindicatos, muchos de ellos en la mira de la Justicia, que busca determinar si están implicados en manejos turbios en el financiamiento de los servicios de salud.
El juez avanza en la búsqueda de medicamentos adulterados y de documentación que vincule a distintas obras sociales con la presunta asociación ilícita por la que ya fueron procesados, entre otros, Zanola y el empresario Néstor Lorenzo, de droguería San Javier, proveedora de remedios a sindicatos.
Las fuentes del caso dijeron que los allanamientos dispuestos por Oyarbide comenzaron a las 15 en 36 domicilios de la Capital Federal, mientras que se hicieron otros dos en las localidades bonaerenses de San Justo y Avellaneda, y hubo cuatro en las provincias de Mendoza, Trelew y Comodoro, en Chubut. En esos lugares los agentes de la División Investigación Técnica del Delito de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, al mando del comisario Néstor Roncaglia, secuestraron documentación relacionada con la comercialización de medicamentos oncológicos, contra el sida y para pacientes hemofílicos. Según informaron fuentes del caso, un hombre quedó detenido en una empresa del barrio porteño de Almagro en el marco de los allanamientos. El sospechoso aparece en la causa como un supuesto intermediario entre una banda que se dedicaría a falsificar troqueles y la obra social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Estado, indicaron los voceros consultados.
(Jornada)
