Este jueves, el Concejo Deliberante tratará el pedido del Ejecutivo municipal para extender por 18 meses el plazo para que MR incorpore los colectivos que faltan a su flota.
La fecha límite actual vence el 31 de octubre y la decisión es clave para los exchoferes de Patagonia Argentina, que esperan ser absorbidos por la nueva empresa para garantizar su continuidad laboral.
Los exchoferes de Patagonia Argentina continúan a la espera de definiciones sobre su continuidad laboral y expresaron su preocupación por la falta de respuestas oficiales. En diálogo con FM La Petrolera 89.3, señalaron que el plazo vigente vence el 31 de octubre y que todavía no saben qué ocurrirá a partir del 1 de noviembre.
“Por ahora no hemos recibido ningún tipo de notificación oficial ni extraoficial tampoco. No sabemos nada. Estamos exactamente como hace 20 días atrás, sin notificación y esperando a que se cumplan los plazos legales que es hasta el 31 de octubre”, manifestaron.
El miércoles mantuvieron una reunión en la Subsecretaría de Trabajo con representantes del gremio y de Patagonia Argentina. Sin embargo, indicaron que todavía falta la participación del Ejecutivo municipal y de los concejales para avanzar en una solución.
“La problemática faltaría, digamos, la parte del Ejecutivo y, bueno, los concejales también que se presentaran en Subsecretaría de Trabajo para poder resolver esta situación que tenemos”, explicaron.
Uno de los principales puntos de preocupación es la posible aprobación de una prórroga de 18 meses para la incorporación de los colectivos de MR, la nueva empresa a cargo del servicio de transporte público. Los exchoferes rechazan esa posibilidad porque temen que perjudique su continuidad laboral.
“Si se llega a aprobar la prórroga, no sabemos qué va a pasar con nosotros con respecto a la continuidad laboral”, advirtieron.
En ese sentido, señalaron que, si Patagonia Argentina deja de sostener el pago de los salarios, podrían tener que avanzar hacia una indemnización. Según explicaron, eso implicaría perder la prioridad para un eventual traspaso, además de poner en riesgo el reconocimiento de la antigüedad, los aportes y la obra social.
“Lo único que queremos es continuar trabajando, sea la empresa que sea”, remarcaron.
Los trabajadores cuentan con antigüedades que van de los 8 a los 32 años y buscan preservar sus puestos de trabajo y sus derechos laborales.
