Así se desprende de la cobertura del caso que han realizado los medios en Capital Federal a través de la información surgida en Rawson, Trelew y Puerto Madryn.
Por caso, Infobae tituló “Detienen a funcionarios de Chubut por asociación ilícita y fraude contra el Estado”, señalando que “es a raíz de una denuncia por el pago de sobreprecios en la compra de insumos para los damnificados de la inundación que afectó la ciudad de Comodoro Rivadavia en abril del año pasado”.
En su desarrollo, dicho portal continúa informando que al menos dos importantes funcionarios del gobierno de Chubut fueron detenidos hoy acusados por conformar una asociación ilícita para desviar los fondos que se giraron para atender la emergencia que sufrió la ciudad de Comodoro Rivadavia por la inundación que afectó a más de 8.000 personas en abril del año pasado.
Se trata de Diego Correa y Diego Lüters, secretarios privados de la gobernación de Chubut. Además, y a instancias del juez federal Sergio Piñeda, se detuvieron a la mujer de Correa, Natalia McLeod, y a un empresario del rubro de la construcción.
La investigación judicial, a cargo del fiscal Omar Gutiérrez, se origina a raíz de una denuncia judicial realizada por el diputado de Chubut Blas Meza Evans (FPV) contra Correa y contra el subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Fabián Suárez. La figura elegida para encuadrar el presunto delito fue de «autores, coautores o partícipes del delito de administración fraudulenta», en la adquisición de elementos para asistir en la emergencia a los miles de damnificados que tuvo esa ciudad del sur chubutense, tras el temporal de lluvia que provocó inundaciones entre el 29 de marzo y el 8 de abril pasado.
Entre otros puntos, la denuncia detalló el sobreprecio, por ejemplo, en la compra de «1.500 botellas de agua mineral que son adquiridas en un kiosco a un valor de 38,50 pesos, cuando en los mercados mayoristas está a 18 el mismo producto». También irregularidades «en la compra de 7.500 bidones de 5 litros, a valor de 90 pesos cada uno, cuando otros proveedores lo tienen a 40 pesos»
Además, en la compra de colchones se denunció «la presencia de facturas de 100 colchones de 1 plaza marca Big Ben, a 2.800 pesos, cada uno, cuando en un supermercado hoy, inflación mediante, está a 1.690, a lo que debemos añadir que constituidos en la dirección de la empresa que supuestamente los proveyó, solo existe un portón tras el cual no hay ningún comercio».
La forma en que la documentación llegó a la cámara de diputados del Chubut fue insólita, porque el sobre que la contenía fue dejado de manera subrepticia en las escaleras de emergencia de la legislatura provincial y la policía lo secuestró ante la sospecha de que podría tratarse de un artefacto explosivo por lo que el edificio tuvo que ser evacuado.
En esta línea, la diputada provincial Gabriela Dufour (FpV), recordó el episodio: «apareció un sobre en la Legislatura, tomamos ese sobre, comenzamos una investigación, empezamos a hacer unas primeras aproximaciones: se trataban de contrataciones y de la existencia de empresas fantasmas que eran utilizadas para desviar los fondos de la emergencia de Comodoro».
