Los diputados provinciales del bloque de la UCR cuestionaron que la Ley provincial de Autismo, promulgada en 1999, haya sido relegada para su tratamiento para el año que viene. Los radicales decidieron pedir la puesta en marcha de la legislación ante la Justicia de Chubut.
Luego de que en la última sesión ordinaria de este año la Ley de Autismo quede relegada una vez más, el bloque de diputados de la UCR (Unión Cívica Radical) acudirá a la Justicia para que el Poder Ejecutivo Provincial cumpla con su obligación de reglamentar la legislación promulgada en 1999.
La ley instituiría un sistema destinado a las personas autistas y sus familias, garantizándoles asistencia médica, protección social, educación y capacitación para su eventual formación profesional e inserción laboral, pero nunca tuvo la reglamentación para que se ponga en marcha.
De hecho, el secretario de Salud, Ignacio Hernández, manifestó a los medios en distintas oportunidades que no era necesario tener una ley específica para quienes padecen este síndrome porque podían encuadrarse en la Ley de Salud Mental.
A juicio del bloque radical, el deber de reglamentar la ley promulgada “es ignorado por el funcionario provincial, situándose por encima de la jerarquía de la ley y en un llamativo desconocimiento de la Constitución Provincial”, dicen los radicales en un comunicado firmado por la diputada Marta Raso -una de las impulsoras de la reglamentación- y los diputados Carlos Díaz, Roberto Risso y Carlos Lorenzo.
El mandamiento de ejecución está previsto en la sección “Garantías” de la Constitución Provincial, en su artículo 58, y alude a la situación concreta cuando una norma impone a un funcionario o autoridad pública “un deber expresamente determinado”.
Al respeto señala que “todo aquel en cuyo interés debe ejecutarse el acto o que sufra perjuicio material, moral o político, por falta del cumplimiento del deber, puede demandar ante el juez competente su ejecución inmediata y el juez, previa comprobación sumaria de la obligación legal y del derecho del reclamante, dirige al funcionario o autoridad un mandamiento de ejecución”.
“Las expresiones del funcionario -continúa el texto del radicalismo- respecto de la existencia de otras normas que pueden canalizar las necesidades de las personas autistas revelan un analfabetismo alarmante sobre la obligatoriedad de las leyes y los deberes del funcionario público, por no advertir la existencia de otros caminos para avanzar, si lo considera oportuno, en modificaciones a normas en vigencia”.
“La interpretación particular de considerar al autismo como incluido en la ley general sobre discapacidad no lo exime de cumplir con una obligación pendiente desde hace más de una década, en una actitud de soberbia que implica desinteresarse por más de 400 chicos que esperan una respuesta”, consignó el bloque radical.
En Comodoro Rivadavia, madres, padres y hasta abuelas han iniciado una campaña para reglamentar la Ley y se sumaron a una campaña nacional para modificar la Ley de Discapacidad -que no contempla el autismo-. En el pasado, ADEPA (Asociación de Padres de Autistas) presentó una propuesta para tener una Ley Nacional para quienes tienen el síndrome autista.
(El Patagónico)
