Una fuerte crítica interna quedó expuesta dentro del radicalismo chubutense luego de que dirigentes de la Unión Cívica Radical de Rawson difundieran un documento dirigido al presidente del partido en la provincia y actual vicegobernador, Gustavo Menna, cuestionando una resolución que lleva su firma y que permitió la incorporación del exintendente de Rawson Luis Alberto De Hernández como asistente político del bloque Despierta Chubut en la Legislatura.
El planteo no apunta a una supuesta irregularidad administrativa ni a una incompatibilidad legal. La propia resolución firmada el 1 de junio de 2026 señala que intervino la Asesoría Legal de la Legislatura y que no existe impedimento para la designación solicitada por el diputado provincial Daniel Hollmann. El cuestionamiento pasa por otro lado: la coherencia política y ética de una decisión adoptada por quienes durante años promovieron la Ficha Limpia como una herramienta para elevar los estándares de transparencia en la función pública.
En el documento difundido por la UCR de Rawson se recuerda que Chubut fue una de las provincias pioneras en impulsar normas destinadas a impedir que personas condenadas por delitos contra la administración pública accedieran a determinados cargos estatales. Por eso, sostienen, resulta difícil explicar que sea precisamente la conducción radical quien termine avalando políticamente la incorporación de un dirigente con antecedentes penales vinculados al manejo de fondos públicos.
De Hernández fue intendente de Rawson y en abril de 2010 fue condenado por la Justicia de Chubut como autor del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. La sentencia, dictada en el marco de la causa conocida como “Planas Pedro s/ denuncia”, le impuso tres años de prisión de ejecución condicional y una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena.
La investigación judicial determinó que durante los últimos meses de su gestión municipal se produjo una salida irregular de fondos públicos por más de 373 mil pesos de la época, vinculada a obligaciones asumidas por el municipio en favor de un abogado particular. En la misma causa también fue condenado el entonces secretario de Hacienda, Magín Ventura, como partícipe necesario.
Si bien la inhabilitación impuesta por la Justicia ya fue cumplida hace años y actualmente no existe restricción legal que le impida ocupar un cargo político, los autores del documento sostienen que el problema no es jurídico. “Podrán existir explicaciones legales”, señalan, pero remarcan que la discusión es esencialmente política y ética.
El texto también interpela directamente a Menna al preguntarle cuál habría sido la postura del radicalismo si una designación similar hubiera sido impulsada por dirigentes de otro espacio político. Para los firmantes, la vara utilizada para evaluar conductas vinculadas a la función pública no puede variar según el partido al que pertenezca el funcionario involucrado.
La resolución cuestionada designó a De Hernández como asistente de bloque —personal político de planta política— dentro de Despierta Chubut, espacio que constituye la principal estructura legislativa del oficialismo provincial. La decisión quedó formalizada mediante un acto administrativo firmado por Gustavo Menna en su carácter de presidente de la Honorable Legislatura del Chubut.
Más allá del caso puntual, el documento deja al descubierto diferencias internas dentro del radicalismo respecto de los criterios que deben aplicarse al momento de ocupar cargos políticos. La controversia no gira sobre la legalidad de la designación, sino sobre la consistencia entre los principios que el partido sostuvo públicamente durante años y las decisiones que hoy adopta desde lugares de poder.
