Ante el descontento de la explanta por el acuerdo con la nueva concesionaria, el Municipio salió al cruce, deslindó responsabilidades legales y respaldó el proyecto elevado al Concejo Deliberante. Con la sesión del 1 de octubre en agenda, el Ejecutivo municipal justificó el plan progresivo para completar las unidades y le exigió a Patagonia Argentina que salde las liquidaciones de sus exempleados.
En diálogo con El Comodorense Radio, la secretaria de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cintia Juárez, aclaró que durante la concesión anterior la Comuna abonó dentro del costo del servicio un 2% extra destinado a previsiones por desvinculación.
“El municipio pagó a Patagonia, dentro del costo del servicio, un 2% como previsión para la desvinculación, ese importe se le pagaba a la empresa. Corresponde verificar esas liquidaciones y exigir a Patagonia que responda por sus responsabilidades laborales. Ese 2% se abonó” sostuvo la secretaria. En ese sentido, enfatizó que “quien debe indemnizar es Patagonia” y que la firma “debería tener el dinero para poder pagarle porque el municipio se lo pagó”.
Por otro lado, la funcionaria detalló las gestiones legislativas en marcha relativas a la transición y ordenamiento del servicio. Según indicó, la documentación enviada al Concejo Deliberante incluye la ratificación técnica de las medidas adoptadas.
“Al Concejo Deliberante se ha enviado un convenio junto con el que ha firmado el Grupo MR, que trata otra cuestión: cómo se va a completar de forma progresiva la flota y la capacidad del nuevo servicio de acuerdo con las necesidades operativas. Este acuerdo no contiene una lista de trabajadores excluidos ni libera a ninguna empresa de obligaciones laborales. Cada situación merece un tratamiento individual” explico.
Respecto de las metas fijadas para la incorporación total de unidades, la titular del área explicó los alcances del documento elevado a los concejales: “El convenio enviado no modifica ni dice que no se va a cumplir; lo que está diciendo es que no se va a cumplir en el plazo de 90 días. En este orden de ideas, lo que se acuerda con el Grupo MR es mantener la obligación de completar ese servicio y ordenar la incorporación de las nuevas unidades”.
Finalmente, Juárez repasó las exigencias contenidas en la normativa vigente y los compromisos asumidos en el ámbito gremial respecto a los choferes que solicitan su reintegro. “El pliego es claro y es una ordenanza aprobada; establece que el artículo 22 habla del transporte de personas y la empresa dice que se va a absorber la cantidad de personal necesario. El municipio ha firmado un acuerdo con UTA comprometiéndose a poner en el listado al personal restante con la actividad, ese es el compromiso que ha asumido la Municipalidad” concluyó.
