La Libertad Avanza acelera en la Cámara de Diputados el tratamiento de dos proyectos que considera prioritarios para su agenda económica y, por el momento, deja en un segundo plano la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción en el Senado.
El oficialismo buscará avanzar primero con los dictámenes de las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal y de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la intención de llevar ambas iniciativas al recinto durante la última semana de agosto.
En ese contexto, el proyecto sobre Propiedad Privada ya fue girado a Diputados, donde Martín Menem dispuso que sea tratado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente.
“Pensamos que el debate empezará esta semana, aunque no es la prioridad”, reconoció a TN un diputado del oficialismo.
Pese a que el proyecto de Propiedad Privada sancionado por el Senado el jueves dejó afuera dos de los capítulos impulsados originalmente por la Casa Rosada a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el oficialismo no tiene previsto insistir con esos cambios durante el debate en la Cámara de Diputados.
Se trata de las modificaciones a las leyes de Tierras Rurales, vinculadas con la venta de tierras a extranjeros, y de Manejo del Fuego. Ambos capítulos fueron retirados por la bancada oficialista del Senado, conducida por Patricia Bullrich, ante la resistencia de sectores aliados que habían anticipado su rechazo.
Pese a las varias semanas de negociaciones impulsadas desde el Senado y la Jefatura de Gabinete, que conduce Diego Santilli, para alcanzar consensos, el proyecto terminó con 17 cambios respecto del dictamen original. En los últimos días, además, los gobernadores aliados del Gobierno mantuvieron firme su rechazo a los dos capítulos que finalmente fueron retirados.
Entre ellos se encuentran Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Rolando Figueroa, de Neuquén; Raúl Jalil, de Catamarca; y Gustavo Sáenz, de Salta. Todos cuentan con referentes de peso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, un factor que terminó siendo determinante para la estrategia legislativa del oficialismo.
Frente a ese escenario, Martín Menem y la Mesa Política de la Casa Rosada resolvieron no reabrir esa discusión en Diputados y buscarán sostener la sanción aprobada por la Cámara de origen. El texto contempla modificaciones a la Ley de Expropiaciones, además de los capítulos destinados a agilizar los desalojos y actualizar el Registro de la Propiedad.
La norma que Diputados buscará sancionar
La iniciativa introduce una reforma amplia de la Ley de Expropiaciones, especialmente en lo referido a la declaración de utilidad pública. El nuevo texto mantiene esa facultad, pero dispone que deberá interpretarse de manera restrictiva, identificar con precisión el objetivo perseguido y superar criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
En materia de indemnizaciones, establece que deberá considerarse el valor objetivo del bien y, cuando pueda determinarse, su valor de mercado. Además, incorpora expresamente el lucro cesante entre los conceptos a tener en cuenta.
Otro de los capítulos modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para agilizar los procesos de desalojo. Las acciones sobre inmuebles urbanos y rurales pasarán a tramitar mediante juicio sumarísimo, con plazos más breves y una mayor concentración de las distintas etapas procesales.
El proyecto también introduce cambios en la denominada Ley Pierri —por el expresidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri—, que regula la regularización dominial. Actualmente, la norma permite acceder al beneficio a quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante los tres años anteriores al 1° de enero de 2009, con causa lícita y respecto de una vivienda única y permanente.
La modificación reemplaza ese requisito temporal fijo por un plazo móvil de diez años de posesión pública, pacífica y continua previos a la presentación de la solicitud.
Inocencia Fiscal y reforma del Banco Central
En paralelo, La Libertad Avanza buscará avanzar esta semana en Diputados con los dictámenes de los proyectos de Inocencia Fiscal y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ambas iniciativas tuvieron su primer tratamiento en comisión la semana pasada y el oficialismo trabaja con la posibilidad de llevarlas al recinto el próximo 26 de agosto.
“Este es un gobierno que, por primera vez, viene a autorrestringirse las facultades que tiene. Lo hizo al no prorrogar los superpoderes que vencían en el 2025, delegados por la Ley Bases, y ahora con una reforma restrictiva de las facultades del Banco Central”, dijo a TN la diputada libertaria Silvana Giudici, al fundamentar la posición del Gobierno sobre la iniciativa.
Para construir la mayoría necesaria, el oficialismo confía inicialmente en el respaldo del PRO, la UCR y Fuerzas Provinciales.
“La propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central es una de las reformas estructurales que la Argentina necesita. El BCRA volverá a tener una sola misión: cuidar el valor de la moneda y recuperar su independencia. De esta forma se acabará la estafa de la emisión con autorización legal”, afirmó la presidenta de la bancada radical, Pamela Verasay.
El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central establece como misión principal de la entidad preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Estado nacional, las provincias y los municipios. También impide la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.
La iniciativa además endurece las condiciones para remover al presidente y al directorio del BCRA. Se mantiene el mecanismo de designación mediante propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado, pero para desplazar a las autoridades monetarias, el Gobierno propone exigir una mayoría de dos tercios tanto en Diputados como en la Cámara alta.
En paralelo, el oficialismo busca acelerar el proyecto de Inocencia Fiscal. Para este miércoles a las 11 fue convocado un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con la intención de avanzar hacia la firma del dictamen.
La iniciativa apunta a reforzar el denominado “tapón fiscal”, limitar la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores y ampliar las garantías para que ahorros no declarados ingresen al sistema financiero. En el Ejecutivo vinculan estos cambios con la estrategia de profundizar el crédito y canalizar el ahorro hacia la inversión.
La agenda parlamentaria de La Libertad Avanza es amplia y tanto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista, buscan acelerar el tratamiento de estos proyectos antes de septiembre. El objetivo es despejar parte de la agenda antes del ingreso del Presupuesto 2027, una iniciativa que concentrará buena parte de la actividad del Congreso durante los meses siguientes.
