Llamó la atención que la Fiscal de Rawson, Silvia Pereyra no se haya presentado a la audiencia para la apertura de investigación por la llamada causa de la publicidad oficial y que tiene como imputado al ex subsecretario de Información Pública, Daniel Taito que trabajó para su tío el ex gobernador Mario Das Neves.
Pereyra tuvo que ser reemplazada por Griselda Encinas que tomo una causa muy compleja y tuvo que refutar al abogado defensor haciendo un gran esfuerzo ante la atenta mirada casi socarrona del abogado de Taito, Sergio Rey.
Lo cierto es que para el próximo miércoles, está previsto que se conozca la decisión de la jueza de garantías Ana Servent respecto del pedido de apertura de investigación por la llamada causa de la publicidad oficial tras una denuncia penal realizada por diputados del bloque de la Unión Cívica Radical. Así lo decidió la propia magistrada tras escuchar los argumentos de la fiscalía representada por Griselda Encinas, y de la defensa que llevó adelante el defensor oficial Sergio Rey.
Presente en la sala estuvo el ex funcionario al que se le endilgan los hechos que se investigan. Se trata de Daniel Gustavo Taito que a través de su abogado defensor, Sergio Rey solicitó no se realicen imágenes de la audiencia, postura que fue acompañada por la representante del Ministerio Público Fiscal.
“Esta causa no proscribió”
Para el Fiscal de Estado, Blas Mesa Evans la causa de Taito no proscribió y aclaró que el plazo de prescripción cesa cuando el funcionario deja de ser funcionario público y no cuando se comete el delito, “este es un tema técnico que no es fácil de interpretar pero se apunta que para quien esté ejerciendo la función pública no pueda hacer uso de su poder para entorpecer una investigación”.
Indicó que la Fiscal Silvia Pereyra ha demostrado que Taito se desempeñó como funcionario público designado por un decreto del Poder Ejecutivo Provincial hasta el año2011 por lo que recién en ese año comienza el plazo de prescripción que, para el primer delito que se le endilga de violación de los deberes públicos es un plazo de dos años, en consecuencia hasta el año 2013 no existe prescripción y la apertura de investigación solicitada se efectuó en tiempo y forma.
Expresó que hay contrataciones que varían y amplían la figura penal aplicable a la conducta de Taito y es por eso que se lo llevó a la figura del “delito de administración fraudulenta” que tiene una pena superior por lo que el concurso de los dos delitos no han prescripto “por lo que no dudo que el miércoles la jueza decidirá proseguir con esta audiencia y llevar a delante la apertura de la investigación”.
“Los documentos son claros”
Al ser consultado sobre la no presencia de la fiscal Silvia Pereyra que no se presentó en la audiencia porque tuvo que viajar dijo que técnicamente es una cuestión sencilla “porque hay documentos muy claros que demuestran que Taito fue funcionario público hasta el año 2011”.
El delito de administración fraudulenta tiene una pena de tres años agravada a cinco como funcionario público más la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, “la detención no está vinculada a la gravedad del delito sino al peligro de fuga, cosa que no creo que Taito se fugue”.
Para Blas Mesa Evans hay mucho por trabajar, “hay que ir a las oficinas de AM Publicidad, hablar con Orly Terranova y otros tantos para que cuenten la verdad pero esperaremos hasta que se abra la investigación”.
Más cargos
Taito se desempeñó como funcionario en el área de información pública de la provincia durante los hechos que se investigan. La causa está caratulada “Risso, Roberto Carlos y otros s/denuncia” y la apertura de investigación será por el presunto delito de violación a los deberes de funcionario público. A este cargo, la fiscalía de Rawson prevé sumarle el de administración fraudulenta.
El defensor Rey argumentó ayer que el plazo de investigación penal ha prescripto, mientras que la funcionaria de fiscalía Encinas indicó que se está en condiciones de realizar la apertura de investigación por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
