Este lunes comenzó en Rawson el juicio oral y público por el presunto envenenamiento con Carbofuran y la muerte de tres perros en una chacra del barrio La Isla. En el banquillo de los acusados se encuentra Carlos Rivas, quien enfrenta cargos por presuntos actos de crueldad contra los animales y por poner en riesgo la salud pública.
El debate es presidido por la jueza Eve Ponce, mientras que la fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFEAYDA), Florencia Gómez, adelantó que solicitará una pena de cuatro años de prisión en caso de que el acusado sea declarado culpable. Por su parte, la querella, representada por el abogado Romano Comineti, pedirá una condena de cinco años.
Durante la primera jornada, Rivas decidió declarar, aunque respondió únicamente a preguntas de su defensa. Negó haber arrojado veneno a los animales, aunque reconoció ser la persona que aparece en las cámaras de seguridad instaladas en el predio de los denunciantes.
Según explicó, esa noche se encontraba alimentando y dejando agua para sus perros y caballos porque debía viajar de urgencia a Futaleufú, Chile, tras el fallecimiento de un familiar. También sostuvo que, mientras permanecía en ese país, fue notificado sobre un allanamiento realizado en el predio donde vive y cuida animales.
Como parte de su defensa, planteó la posibilidad de que los perros hayan sido envenenados en otro lugar y no dentro del campo donde ocurrieron los hechos.
En la audiencia también declararon Alan Martini y Paula Fuseneco, propietarios de uno de los perros fallecidos, llamado «Manija». Martini relató que, al no encontrar a los animales luego de un paseo por el Dique Ameghino, revisó las cámaras de seguridad de su propiedad y observó a Rivas junto al alambrado en los días previos al hecho.
Además, aseguró haber encontrado restos de embutidos en el lugar, los cuales resguardó para que fueran analizados. «En la cámara se puede ver a Rivas arrojando cosas hacia mi terreno», afirmó durante su testimonio.
También declaró Mauro Díaz, propietario de los perros Samy y Lupe, quien se presentó como víctima en la causa.
La acusación comprende el delito de malos tratos y actos de crueldad contra los animales, en concurso ideal con infracciones previstas en la Ley 24.051 sobre residuos peligrosos y el artículo 200 bis del Código Penal, por el riesgo potencial que el uso del veneno representó para las personas.
El juicio continuará este martes desde las 8:00 con la declaración de nuevos testigos.
