Este martes y mediante un comunicado de prensa, un grupo de padres del Jardín N° 406 denunció violencia y persecución contra los niños de entre 3 y 5 años de edad, presuntamente abusados.
«Nuestros hijos son víctimas de la Justicia y de los sistema de Educación y Salud, por eso nos vemos obligados hoy a hacer responsable a la Fiscal María Laura Blanco por la vulneración reiterada de los derechos de nuestros hijos, lo cual está revestido de una gravedad inusitada; como así también responsabilizarla por los hechos de persecución y hostigamiento hacia nosotros», señalaron primeramente.
Asimismo, remarcaron que «queremos expresar públicamente las injusticias a las que, como familias, estamos siendo sometidos: Se niega la atención médica a nuestros pequeños hijos en el Hospital Regional: atención pediátrica clínica, psicológica y psiquiátrica, y la atención ginecológica (observación e intervención) ante los casos que han requerido oportunamente y requieren hoy una urgente atención por lesiones en sus partes íntimas y más. También se negó la realización de los estudios clínicos correspondientes que verifiquen los daños sufridos hacia nuestros hijos».
«Tampoco se quiere brindar atención médica, en ningún centro de Salud Público por enfermedades causadas por el estrés y el trauma, como fiebres repentinas reiteradas, cuando se hace mención a los abusos y/o violaciones que nuestros hijos sufrieron en el Jardín 406. Esto deriva lamentablemente en que la mayoría de los médicos infantiles de cabecera de nuestros hijos e hijas se nieguen a atenderlos. El por qué, no lo sabemos», agregaron.
Por otro lado, aseguraron: «También queremos hacer saber de la persecución y hostigamientos a los que estamos siendo sometidos los padres: Sufrimos persecución policial en la vía pública y en nuestros lugares de trabajo, sin motivo alguno, hostigamiento a través de la presentación de personal policial en nuestros hogares, sin orden que lo requiera, interrogando acerca de la cantidad de personas convivientes en nuestras casas, actividades que realiza cada miembro de la familia, e intentando requisar, patios y demás lugares de la vivienda».
«Intervención ilegal de celulares, y extracción de información valiosa para las denuncias. Se ha denegado en Fiscalía la posibilidad de que las familias puedan efectuar la ampliación de las denuncias realizadas inicialmente. Todo esto desemboca irreparablemente en nuestros hijos e hijas pequeños, en daños permanentes de toda índole, no deseando desenlaces que impliquen una tragedia aún mayor. Entre los niños abusados y violados hay menores con discapacidad y la injusticia en cualquier lugar, es una amenaza en todos lados», cerraron.
