La jueza de garantías Laura Martini dio por abierta la investigación contra Ronald Pablo Sánchez, imputado por el delito de robo agravado en poblado y en banda, tras ser detenido por un violento intento de robo a un chofer de Uber en Rawson.
El episodio ocurrió cerca de las 23 del pasado 23 de junio, cuando el conductor arribó a un domicilio ubicado sobre la calle Alfredo Palacios al 500 para finalizar un viaje que había iniciado en Trelew. Al detener el vehículo, fue sorprendido por Sánchez, mientras que los dos pasajeros que trasladaba comenzaron a sujetarlo del cuello y a golpearlo desde el asiento trasero con la intención de apoderarse del automóvil.
En medio de la agresión, el conductor logró zafarse de los atacantes y corrió hasta un kiosco cercano para pedir ayuda. Los gritos alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía. Ante la llegada de los efectivos, los tres sospechosos escaparon. Sánchez se refugió en una vivienda cercana, donde fue detenido en flagrancia, mientras que los otros dos lograron huir, aunque posteriormente fueron identificados por los investigadores.
Durante el procedimiento, los policías recuperaron el teléfono celular de la víctima y hallaron plantas de marihuana en la vivienda del detenido, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal y a la División Drogas Peligrosas.
En la audiencia, los fiscales Leonardo Cheuquemán y Daiana Sandoval solicitaron la apertura de la investigación por el plazo legal de seis meses. Entre las pruebas reunidas figuran las declaraciones de la víctima y de vecinos, certificados médicos por las lesiones sufridas y registros de cámaras de seguridad que captaron el ataque. Además, aún restan realizar ruedas de reconocimiento para fortalecer la acusación.
La jueza Martini declaró legal la detención y consideró que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para avanzar con la investigación. Los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron la gravedad del hecho y señalaron que existió una planificación previa y una distribución de roles entre los tres involucrados.
Aunque Sánchez recuperó la libertad al no registrar antecedentes penales, deberá fijar domicilio, presentarse semanalmente mediante comunicación telefónica desde el establecimiento rural donde trabaja en cercanías de Los Altares y cumplir una prohibición de acercamiento hacia las víctimas.
En paralelo, la investigación permitió identificar a los otros dos sospechosos. Sus viviendas fueron allanadas y se secuestró indumentaria considerada de interés para continuar reuniendo pruebas en la causa.
