La Nación sacó a partir de octubre una Ley Pymes que está a la espera de ser ratificada por cada provincia para empezar a funcionar, pero por lo que en teoría resignarían de coparticipación muchas vienen esquivando ponerle el gancho en sus dominios. Voraces para saciar sus cajas y poco y nada afectos a ajustar las cuentas, están más pendientes de sacarle ventajas a un gobierno nacional al que ya le tomaron el punto que cede, que en aprovechar las reformas impositivas y crediticias a nivel nacional para bastonear la creación de empleo privado en sus jurisdicciones.
Desde que, estigmatizado y también fracasado, José Ber Gelbard desapareció de la Confederación General Económica, las empresas pequeñas y medianas no lograron más una representación para el debate político. La CGE vigente no tiene aquella representatividad ni la Cámara Empresaria de la Mediana Empresa, y la Unión Industrial Argentina sigue siendo, básicamente, un portavoz de grandes grupos manufactureros tales como Organización Techint y Arcor.
Sin duda es una contradicción enorme porque, en forma simultánea, las empresas pequeñas y medianas tienen un protagonismo permanente y cotidiano en la generación de empleo y de inversión directa de riesgo, pero atomizadas carecen de influencia en la interlocución política.
En cambio las empresas grandes, que muchas veces no tienen una influencia cuantitativa equivalente al colectivo de pymes, consiguen una influencia cualitativa muy superior.
El problema también tiene otra arista: el desprecio de la mayoría de los políticos, incluyendo a los gobernadores y hasta integrantes del Ejecutivo, por los emprendedores. Para ellos, empresario es el que tiene una capacidad económico-financiera suficiente para sobornar o donar dinero “para las campañas”.
Pero hay algo más grave aún: la amplia mayoría de los gobernadores son malos administradores, y sólo conciben -al igual que el Ejecutivo Nacional- subir los impuestos, nunca bajarlos. Por lo tanto, si para asistir a las Pymes hay que conceder alguna ventaja de diferimiento o exención impositiva, la idea es votar la ley en el Congreso pero nunca aplicarla en su territorio.
Les resulta más sencillo reclamar más dinero público a la Nación que imaginar cómo crear por sí mismos una mayor participación para la actividad privada de riesgo.
La tragedia
Desde que se sancionó en octubre el Régimen de Fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas, conocido como Ley Pymes, 100 mil de las 600 mil empadronadas, aproximadamente, cumplieron hasta ahora con el requisito de registrarse a fin de quedar alcanzadas por los beneficios crediticios y fiscales, y falta que muchas de las provincias adhieran para que la estabilidad fiscal de la ley quede garantizada por dos años.
El secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, Mariano Mayer, había resaltado que «la competitividad pyme es en gran parte responsa bilidad del Estado» al convocar a las provincias a adherirse.
Los beneficios tributarios contemplados en la norma contienen reclamos que desde hace mucho tiempo enarbolan las entidades gremiales empresarias del sector, como la posibilidad de pagar el IVA cada 90 días y tomarse a cuenta de Ganancias el 100% del impuesto al cheque.
Ya habían dado su consentimiento, aunque con objeciones, las jurisdicciones de Salta, Buenos Aires, Neuquén y Mendoza, y a continuación San Juan, La Pampa y Misiones. Y en el marco de la discusión parlamentaria, los senadores Miguel Pichetto y Adolfo Rodríguez Saá habían adelantado que pedirían ante la Justicia que el costo fiscal surja del tesoro nacional.
Está claro que la ponderación de los efectos que tiene aplicar este subsidio no es igual en la provincia de Buenos Aires, que cuenta con el 65% de las Pymes, frente por ejemplo al NEA, que sólo está el 3%. Por eso Misiones, antes de plegarse, reclamaba airadamente que se incluyeran beneficios para áreas de frontera.
Al igual como sucediera con la aprobación de la ley de reintegro del IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales, las administraciones provinciales se resisten a que los beneficios concedidos a las Pymes afecten el ya de por sí precario equilibrio de sus finanzas, que no han iniciado ningún tipo de ajuste, menos de reasignación eficiente de recursos. Jamás se caerá una iniciativa de buena gestión de la mayoría de los gobernadores (hay alguna excepción sólo para confirmar la regla general).
Sólo el reintegro del IVA a pasivos les implicó resignar recaudación por aproximadamente $11.000 millones de los $30.000 millones en total sujetos a transferencia.
La proporción estimada sobre el costo fiscal de la ley Pymes sería del 80% a cargo de Nación y el 20% de las provincias.
En tal sentido, el senador de San Juan por Compromiso Federal, Roberto Basualdo, blanqueó a la web InfoRegión el resquemor que había generado en algunos bloques, incluido el suyo y que lidera Adolfo Rodríguez Saá, el artículo que habilita a las micro y pequeñas empresas a desgravar el 100 % del impuesto al cheque del pago de Ganancias, porcentaje que en el caso de las medianas se reduce al 50%.
Algunas provincias protestaron por lo que se les podría llegar a descontar sin tener en cuenta que las pequeñas empresas casi ni lo pagaban por estar ‘en negro’, pero sí quedarían inscriptas si se registraban para percibir los créditos de fomento.
Sacar a la luz la operatoria de las Pymes implica que, teóricamente, lo que se deja de recaudar por un lado, entre por el otro. Pero algunos de los cuestionamientos apuntaban al costo fiscal para las provincias al no ser los beneficios coparticipables.
Las pymes representan el 99% de las empresas del país y cerca de 70% del empleo registrado, ya que cerca de la mitad dan trabajo a 4 millones de personas.
Según la tipificación vigente, en el sector de comercio, por ejemplo, se considera microempresa cuando factura hasta $ 9 millones; pequeña, hasta $ 55 millones; mediana tramo 1, hasta $ 450 millones; y mediana tramo 2, hasta $ 650 millones anuales. En el rubro servicios, en tanto, los valores alcanzan los $ 2,5 millones; $ 15 millones; $ 125 millones y $ 180 millones respectivamente.
Especial para contadores
La ley incluye el diferimiento del pago de IVA (q ue era de 30 y aumenta a 90 días), la puesta en marcha de instrumentos financieros como la posibilidad de emitir Obligaciones Negociables, letras de cambio y pagares, y al mismo tiempo, exige a las aseguradoras una mayor inversión en capital de trabajo para las pymes. En esta línea se crea el Consejo Pyme para el otorgamiento de créditos.
Por fuera de la ley se había establecido la suba del mínimo para retenciones en IVA y Ganancias (mediante Resolución Nº3878), la ampliación de la línea de financiación que la banca privada reserva para la inversión de las pymes (que se elevaría del 14% al 15,5% de los activos de los bancos, anuncios éstos que precedieron al lanzamiento del proyecto de ley, y la extensión del plazo para la liquidación de exportaciones, aunque mediante la Resolución 91/2016 que alcanza a todas las empresas, no sólo a las Pymes.
En lo que refiere a los beneficios fiscales, se establece la posibilidad de considerar como pago a cuenta de Ganancias al 10% del monto correspondiente a las inversiones que se concreten entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018 (con topes de un 2% de las ventas en Ganancias y dentro de la cantidad máxima total de recursos que determinará la AFIP por este concepto), la compensación del impuesto a los créditos y débitos bancarios a cuenta de Ganancias al 100% para las pequeñas empresas (hasta 55 millones de facturación anual para el caso de las pymes comerciales) y al 50% en el caso de las empresas medianas industriales.
Se elevan los umbrales de retención de IVA en 135% y de percepción de ganancias, 400%, y a las microempresas se les entregan certificados de no retención de IVA automático.
Y, por último, en el proyecto la reactivación de los Repro, creados durante la gestión anterior, se eliminó el impuesto a la Ganancias Mínima Presunta, incluyéndose ahora un aumento del 50% del monto para este tipo de empresas.
El cupo prestable de la Línea de Créditos de Inversión Productiva se amplió del 14% al 15,5% anual, incremento que implicó $63.000 y a su vez extendió al 50% el acceso al financiamiento de corto plazo.
A través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), se lanzó la línea Primer Crédito PyME a una tasa variable de 16% anual máximo y con un plazo de hasta 7 años, para montos entre $500 mil y $5 millones.
A las exportadoras se les extiende de 180 a 365 días el plazo para que ingresen divisas.
La reglamentación del capítulo impositivo, en particular en lo referente a los próximos pagos de los saldos netos de IVA a partir de la facturación desde el 19 de octubre, así como el uso del 100% o 50% del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, a cuenta de Ganancias, debería haber empezado a hacerse plenamente efectiva la nueva Ley Pyme Nº27.264.
Una vez que se saquen de encima el aluvión de DDJJ que les ocasiona el vencimiento de cada plazo puesto por el régimen de blanqueo y aborden el cierre de ganancias del ejercicio en curso, los contadores se abocarán seguramente a asesorar a las Pymes sobre la nueva ley, y se supone que para entonces las provincias ya habrá terminado de adherir al sistema para que se garantice su funcionamiento.
En el ínterin, hay interrogantes de este sector mayoritario en la economía, pero de relativamente escaso peso específico en las grandes decisiones de la política, que deberán ir develándose. La recuperación efectiva del consumo es uno de ellos, la apertura de la competencia importada de la que se quejan es la otra, y finalmente, que por más descuentos de les concedan a la tributación, Argentina se encuentra en el máximo histórico de presión fiscal y es uno de los países líderes en la materia. Basta con ver el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), para comprobar que pasó de 23,9% del PIB en 2004 a 37% en 2015, en términos de nivel agregado.
Pero los gobernadores, a la hora de retacear recursos en cada reforma de tipo general que se analiza, deberían tener en cuenta que cuando se trasladan tales proporciones a la empresa queda expuesto que esa mayor presión fiscal ha incrementado notoriamente la incidencia de los impuestos en los precios de venta. En otras palabras, es uno de los focos de inflación.
Otro de los ejemplos que da IARAF dignos de ser considerados es que en aquellos productos alimenticios gravados con 21% de IVA, el 44% del precio se lo quedan el Estado Nacional, las provincias y los municipios, cuando en el 2000 la incidencia impositiva en esos mismos productos había sido de 36%, es decir, 8 puntos porcentuales menos.
