La Corte Suprema de Justicia de la Nación sacudió el escenario judicial de la provincia del Chubut al dejar sin efecto un fallo del Superior Tribunal de Justicia local en una causa por abuso sexual con acceso carnal. Con esta decisión, el máximo tribunal federal no solo le dio la razón al Ministerio Público Fiscal, sino que ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento que cumpla con los estándares legales vigentes.
Todo comenzó con un hecho denunciado en abril de 2020 en Puerto Madryn. En octubre de 2022, un Tribunal Colegiado decidió absolver al imputado invocando el beneficio de la duda. Lejos de quedar allí, el fiscal del caso, el Dr. Jorge Eduardo Burgueño, impulsó la impugnación, pero se encontró con un muro en la instancia provincial cuando los ministros del STJ declararon inadmisible el recurso, bloqueando cualquier revisión interna.
Ante lo que consideró una fundamentación aparente y un análisis de pruebas fraccionado, el Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, decidió saltar la valla provincial y llegar en queja directa hasta la Corte Suprema. En su planteo, Miquelarena fue contundente al sostener que los jueces no evaluaron las pruebas de manera integral y denunció que se ignoró la Ley 26.485 y la Convención de Belém do Pará, omitiendo el deber de debida diligencia reforzada para investigar la violencia contra la mujer.
Tras analizar los argumentos, la mayoría de los ministros de la Corte Suprema coincidieron en que el recurso era procedente. Al declarar la nulidad de la sentencia del tribunal chubutense, la Corte subrayó que la justicia provincial cerró la puerta a una revisión legítima de forma arbitraria. Ahora, la justicia de Chubut se ve obligada a emitir un nuevo fallo que analice la denuncia bajo la lupa de los derechos humanos y la perspectiva de género exigida internacionalmente.
