La Fiscalía de Estado ayer presentó al procurador general, Jorge Miquelarena, la denuncia que impulsa Federico Massoni contra ex funcionarios provinciales, por supuestos sobreprecios en la compra de cámaras de seguridad.
La Fiscalía de Rawson había desestimado la denuncia al considerar que primero debían agotarse otras alternativas. Miquelarena respaldó la postura del fiscal actuante, y le sugirió a Massoni que primero avance por la vía administrativa.
La Fiscalía de Estado no solo impugnó el contrato con la empresa, sino que efectivamente avanzó con una denuncia penal por una “presunta operación fraudulenta” en la que “se ha generado un perjuicio patrimonial al Estado provincial”, dice el fiscal de Estado adjunto, Christian Martínez, y el abogado Martín Castro.
La Fiscalía de Estado pide que la Justicia investigue el contrato que firmó el Estado provincial en el 2016 con la firma NEC Global View por 35,5 millones de pesos, para la compra de 462 cámaras de seguridad para los centros de monitoreo de las grandes ciudades, y la activación de 218 cámaras.
En la denuncia aparecen vinculados con esta contratación el secretario de Unidad Gobernador, Diego Correa, el ex ministro de Gobierno, Rafael Williams y su sucesor Pablo Durán, el subsecretario de Protección Ciudadana, Pablo García. Además, aparece nombrado un funcionario del área de Modernización del Estado.
Los denunciantes enumeran una serie de supuestas irregularidades que entienden que los fiscales deberían investigar para constatar si hubo delito. Exponen que de las 218 cámaras que tenía la provincia y debía activar esta empresa, “solo 146 se encuentran en funcionamiento”, mientras que “las otras 244 cámaras no fueron instaladas ni puestas en funcionamiento”.
También sostienen que “la fibra instalada en la vía pública tiene desperfectos de montaje, constituyendo una falta grave al cumplimiento del contrato celebrado”. Y “el material colocado no cumple con las cualidades técnicas que surgen del contrato, atento a que es evidente el abaratamiento de costos”.
Por último, la parte denunciante repara en que la provincia rubricó la finalización de la puesta en marcha de los centros de monitoreo, lo que no se correspondería con la realidad.
