El nuevo interventor del Enargas, Carlos Casares, designado por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, ordenó una investigación interna tras encontrar dos servidores informáticos de alta potencia instalados en la sala de sistemas de la sede del organismo que no estaban declarados en el inventario, con lo cual se supone eran usados para fines ajenos. En ese sentido, sospechan que los mismos eran utilizados para minar criptomonedas.
Se trata de Ramiro Pigliapoco, quien hasta fines de diciembre era titular del área de Tecnología de Comunicación e Información del ente. En medio de la investigación, fue desplazado de su cargo.
“Que esta Intervención tomó conocimiento de la existencia en el ámbito de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación, de la presencia de dos equipos no inventariados, que prima facie no guardan relación con las funciones del Organismo y que habrían sido utilizados para intereses ajenos a la competencia del ENARGAS”, dice la resolución a la que accedió TN.
Según se constató, las computadoras no estaban incluidas en el inventario del ente regulador ni brindaban ningún tipo de servicio asociado al contralor de la actividad gasífera.
A su vez, indica el escrito “la desvinculación del agente a cargo de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones al momento de instruirse el inicio de la información sumaria”.
La sospecha sobre el exgerente de Tecnología surge porque era uno de los pocos que tenía autorización para ingresar a la sala, cuyo acceso requiere una validación mediante huella digital en la puerta de entrada.
En este contexto, el ente dispuso la creación de una comisión investigadora, a cargo de Claudio De la Fuente, un directivo histórico del área de Recursos Humanos, y de Silvana Onorati, coordinadora de Asuntos Legales del organismo.
“Los instructores designados deberán elevar un Informe a esta Intervención con las conclusiones arribadas y tendrán todas las facultades conferidas por las normas de aplicación”, sostiene la resolución.
Los investigadores deberán determinar, en primer lugar, quién es el propietario de los equipos y luego probar que los servidores eran destinados al minado de criptomonedas. Para ello, se requerirá la pericia de expertos informáticos que deberán auditarlos en detalle.
También deberá constatarse si el consumo energético del edificio aumentó considerablemente, como variable a tener en cuenta. Si el avance de la investigación arroja pruebas concluyentes, las nuevas autoridades del Enargas llevarán el pedido a la Justicia.
