El Sindicato de Inquilinos de Chubut advirtió sobre la grave situación que atraviesan las familias a la hora de sostener el pago de sus viviendas. En un contexto marcado por la pérdida de puestos de trabajo en el sector público y privado, sumado a la inestabilidad de los trabajadores informales, sostienen que el panorama es mucho más complejo que a principios de 2023.
Pamela Demes, referente del sector, explicó que las dificultades económicas impactan de lleno en quienes deben renovar o mantener un contrato. «Hasta los monotributistas están diciendo: ‘estoy debiendo y me cuesta llegar a pagar el alquiler'», detalló. Sin embargo, aclaró que por el momento no se registran deudas masivas, sino un fuerte ajuste en las economías domésticas: «Las familias están recortando muchos servicios y en alimentos para poder afrontar el costo del alquiler. Estamos privándonos de otras cuestiones para poder pagar».
Por otro lado, desde el sindicato apuntaron contra la derogación de la Ley de Alquileres y las modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, asegurando que las nuevas condiciones desprotegen a quienes alquilan. Demes señaló que, ante la imposibilidad de afrontar las actualizaciones trimestrales, quienes deciden dejar la propiedad deben pagar un punitorio del 10% por los meses restantes del contrato. Además, alertó sobre los cambios en los plazos de desalojo por falta de pago: «Limitan los tiempos en los que las familias inquilinas pueden resolver el atraso, de 10 días lo pasan a 3 días e incorporan un proceso sumarísimo para desalojarte».
Finalmente, la situación decantó en un empeoramiento de las condiciones habitacionales. Ante los elevados aumentos, los inquilinos se ven obligados a mudarse a espacios más pequeños, alejados de sus trabajos o de las escuelas de sus hijos. Como reflejo de esta realidad, Demes graficó el nivel de hacinamiento actual: «Recibí una consulta hace unas semanas de un inquilino que alquila una propiedad con ocho habitaciones y comparten cocina y baño. O sea, ocho personas en una vivienda». Esta dinámica evidencia, según la vocera, un deterioro total de la calidad de vida y una clara falta de control por parte del Estado.
