(Corresponsal Rawson)
Nunca se aclaró si existen equipos policiales para escuchas ilegales.
La existencia de equipos policiales ilegales para interceptar comunicaciones telefónicas se convirtió hacia fines del año pasado en una preocupante cuestión que involucró al propio ministro de Gobierno, Héctor Castro, por su actitud esquiva para aclarar el tema y despejar las dudas surgidas en el ámbito de la oposición.
La inquietud apareció sorpresivamente en una recordada reunión del ministro con los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Provincial para aclarar los dichos del gobernador Mario Das Neves sobre una supuesta ‘zona liberada’ para favorecer el ataque sufrido al propio mandatario en una de sus visitas a Puerto Madryn.
En aquel entonces, los diputados Javier Touriñán y Carlos Lorenzo expusieron su preocupación por la posibilidad de prácticas ilegales desde la Policía del Chubut para interceptar y registrar comunicaciones telefónicas privadas, al margen de la intervención judicial, poniendo a la luz pública una generalizada sospecha sobre lo que popularmente se conoce como «pinchaduras» de líneas telefónicas.
La posibilidad fue negada inicialmente por el ministro de Gobierno, Héctor Castro pero, luego, en declaraciones posteriores, admitida por el subjefe de Policía Néstor Siri, exhibiéndose una contradicción que alimentó más las desconfianzas sobre una actitud deliberada de esconder la realidad o una falta de seriedad para responder a una sensible preocupación ciudadana.
Esta particular situación motivó un pedido de informes promovido por el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical dirigido a la Jefatura de Policía para que “concretamente determine e identifique con claridad cuáles son esos aparatos mínimos que se han mencionado para hacer intervenciones de ese tipo”.
“Existen suficientes pruebas en documentos públicos de que la Policía los tiene y lo grave es que la justicia parece no tener conocimiento”, señaló el diputado Carlos Lorenzo al plantear el tema en una sesión legislativa realizada a mediados de noviembre.
Al respecto se requirieron también copias de la notificación al Poder Judicial de la existencia del mencionado equipamiento y de la autorización emanada del mismo para su utilización en forma generalizada.
Lorenzo basó su sospecha de que la justicia no fue notificada de tal existencia en que “la Policía no le brinda ese servicio” en caso de requerimiento fundado, acudiendo en su lugar a las empresas telefónicas o a la Secretaría de Inteligencia del Estado.
La preocupación del bloque radical por el tema surgió a partir de recientes denuncias radiales del doctor Guillermo Hervida sobre el tema, declaraciones que motivaron la desmentida inicial del ministro de Gobierno, Héctor Castro, corroborada luego rotundamente durante su encuentro con los diputados provinciales en la Legislatura.
