El Gobierno definirá el martes en la mesa política la estrategia legislativa del paquete anunciado por Javier Milei sobre Malvinas y se inclina por ingresarlo por la Cámara de Diputados. En la Casa Rosada consideran que ese recorrido ofrece mejores condiciones para conseguir una primera aprobación rápida y confían en reunir apoyos de los bloques dialoguistas y de sectores de la oposición.
“No debería tener inconvenientes”, expresan en Nación sobre el poroteo inicial. En el oficialismo creen que el contenido del proyecto permite construir una mayoría transversal y que la discusión por Malvinas reducirá el margen para que los bloques opositores rechacen de plano la iniciativa. La expectativa es conseguir la media sanción “sin trabas”, aunque el texto definitivo todavía está en elaboración.
Diputados aparece como la opción preferida también por una cuestión de calendario. En Balcarce 50 remarcan que la Cámara baja quedó con mayor margen después de haber aprobado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II y otros proyectos que ahora se trasladaron al Senado. “Estamos liberados en Diputados”, resumen cerca de la conducción parlamentaria.
La situación es diferente en la Cámara alta, donde se acumularon el super-RIGI, la reforma política, los cambios en Zonas Frías, la Carta Orgánica del BCRA, Inocencia Fiscal II y otros expedientes. Patricia Bullrich busca ordenar esa agenda mediante sesiones separadas, mientras el oficialismo todavía debe terminar de negociar modificaciones y respaldos para varias de esas iniciativas.
La mesa política del martes deberá resolver el ingreso formal, el esquema de comisiones, los interlocutores con la oposición y los tiempos que intentará imponer Martín Menem. El Gobierno quiere evitar una discusión prolongada que diluya el impacto político del anuncio y pretende llegar al recinto con el resultado suficientemente encaminado.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional endurecerá el régimen vigente contra las compañías que realicen actividades no autorizadas en Malvinas. La iniciativa modificará la Ley 26.659 para extender las sanciones a proveedores, impedir que los infractores contraten con el sector público o privado en la Argentina y habilitar, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia.
El texto también extenderá el alcance de las penalidades a otras actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas y creará un Consejo de Seguridad Nacional que articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El nuevo organismo tendrá además competencias sobre infraestructura crítica y protección aeroespacial y marítima.
La parte legislativa complementará las medidas que Milei ya puso en marcha por decreto. El Ejecutivo aceleró los procedimientos de la Ley 26.659 para investigar a empresas involucradas en explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas y estableció nuevos controles para acceder al RIGI, permisos y concesiones. También reforzó partidas para Defensa y otros organismos estratégicos.
En la Casa Rosada reconocen además una dimensión política en la elección del momento y del formato. El oficialismo busca utilizar Malvinas para volver a conducir la agenda pública después de una etapa en la que admite haber perdido capacidad para imponer sus propios temas. La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete aparece internamente como uno de los puntos a partir de los cuales identifican mayores dificultades para sostener esa centralidad.
Otro antecedente que mencionan es la derrota alrededor de la Ley de Tierras, donde el Gobierno considera que llegó tarde a la discusión pública y terminó obligado a retirar el capítulo más cuestionado. En Balcarce 50 admiten que aquel episodio generó daño político y que la disputa discursiva estaba prácticamente perdida cuando intentaron reaccionar.
La lectura sobre Malvinas es diferente. En el Ejecutivo consideran que la coyuntura abrió una oportunidad y que Milei consiguió capitalizarla, primero con la cadena nacional y ahora con el debate parlamentario. Cerca del Presidente rechazan presentar la medida únicamente como una decisión electoral, pero reconocen que los movimientos actuales pueden proyectarse hacia 2027.
La estrategia busca también incomodar a la oposición. La Casa Rosada espera que gobernadores, bloques provinciales y sectores del peronismo acompañen al menos una parte sustancial del paquete y considera que un rechazo integral tendría un costo difícil de justificar públicamente por tratarse de una iniciativa presentada bajo la defensa de la soberanía y de los recursos naturales.
Ese objetivo convive, sin embargo, con la preocupación por la agenda que la oposición intenta imponer en Diputados la próxima semana. Unión por la Patria, Provincias Unidas y otros bloques sostienen el pedido de sesión para el 9 de septiembre con el foco puesto en el crecimiento de la morosidad y buscan sumar a legisladores provinciales que habitualmente negocian con el Gobierno.
La Libertad Avanza intentó encauzar esa discusión mediante la Comisión de Finanzas y un cronograma propio de reuniones hasta fines de septiembre, pero la oposición mantuvo la convocatoria. Incluso en el oficialismo evalúan que existen condiciones para alcanzar el quórum, por lo que durante los próximos días intensificarán los contactos con gobernadores para evitar una derrota parlamentaria o reducir el alcance de los emplazamientos que impulsen los bloques disidentes.
La mesa política del martes quedará así atravesada por dos movimientos en Diputados: contener la ofensiva opositora por la morosidad y transformar el paquete de Malvinas en la próxima iniciativa fuerte del oficialismo. En Nación creen que el segundo expediente puede devolverle al Gobierno iniciativa parlamentaria y ordenar respaldos que se habían debilitado en otras discusiones. La apuesta es ingresar el proyecto por la Cámara baja, acelerar su tratamiento y llegar a la votación con una mayoría que permita presentarlo como una política de Estado.
